viernes, octubre 20, 2006
Programa Sábado 21 de Octubre
Va el programa nos vemos a las 6 de la tarde.
Red Orejana
*JORNADAS POR LA CULTURA DEMOCRÁTICA*
*SÁBADO 21 DE OCTUBRE*
PROGRAMA
PLAZA EMILIANA DE ZUBELDÍA
(HORA 6:00 PM)
6:00 MUSICA DE LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA
6:30 POEMAS DE SOR JUANA, EN LA VOZ DEL MAESTRO JOSE MANUEL ROBLES
7:00 PRESENTACION DEL VIDEO SOBRE LA ESCOBALGATA
7:30 TROVA INTERPRETADA POR JUAN PABLO NAVARRETE ALDACO
8:00 CUENTOS NARRADOS POR JULIA ZAMUDIO DEL CEDART
8:30 INTERPRETACION DEL ENSAMBLE EN EL QUE PARTICIPAN VERA
LUCERO Y EL MAESTRO JESUS COTA, ENTRE OTROS.
ASIMISMO, INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN OAXACA, EL VIAJE A LA TOMA DE
POSESIÓN DE AMLO, ACTIVIDADES DE LA CONVENCION Y ACCIONES DE RESISTENCIA.
Artículo de Opinión
La Jornada,Viernes 20 de octubre de 2006
Fuentes, el desayunado
Victor M. Toledo
Utilizando una de sus frases más originales y certeras, Carlos Fuentes respondió hace varios años a un reportero cuando lo interrogó acerca de la iracunda diatriba que le dedicó un historiador tramposo: palabras más, palabras menos: "Me tiene sin cuidado..., yo siempre me desayuno a mis críticos". Hoy, cuando las contradicciones de la sociedad y de la humanidad toda ascienden un nuevo peldaño en la escala del riesgo, todo, sin excepción (instituciones, preceptos, marcos conceptuales, creencias fundamentales, iconos, autoridades de todos los campos), se pone a prueba.
Y es que la época de las declaraciones, que es una forma disfrazada de propaganda, está pasando a la historia. Hoy, en los tiempos de la verdadera democracia, de la política moderna, ya no se pueden hacer afirmaciones sin argumentos ni juicios sumarios, ni se puede tomar partido o posición alguna sin explicar las razones, única manera de convencer a una audiencia cada vez más numerosa que exige claridad, fiabilidad y congruencia.
La era de las personalidades, de las figuras emblemáticas, de las celebridades que pontifican como sacerdotes, lo mismo en la ciencia que en la política, la literatura o el arte, e instruyen a las "masas ignorantes o incultas", se está volviendo una práctica no solamente inocua o sin sentido, sino la ruta más directa al olvido o al desprestigio moral o académico de quienes la ejercen. Hoy en México, los nuevos tiempos exigen juicios lógicamente construidos, compromisos con la verdad, declaraciones políticas fincadas en el análisis profundo. El seudozoico, la era de las apariencias, está llegando a su fin ante una opinión pública mucho más exigente, informada y alerta.
¿Puede un armador de novelas espléndidas, de tramas complejas y de historias que parecen imposibles, quedarse con la afirmación fácil o ingenua, el razonamiento simplificado, la salida tramposa por confortable? Carlos Fuentes negó instantánea y tajantemente la posibilidad de un fraude electoral, reconoció al presidente de la derecha y descalificó en tres breves frases la lucha de millones de mexicanos, que en una contienda tan cerrada exigimos transparencia mediante el conteo total de los votos, imparcialidad absoluta a los árbitros oficiales de la contienda electoral y respeto a la voluntad ciudadana. ¿Qué demócrata del mundo se negaría a aceptar todo esto?
Dando por hecho que su posición es la correcta, es decir, sin tomarse la molestia de explicarnos a profundidad su decisión frente a los acontecimientos políticos más polémicos de los últimos tiempos, Fuentes dedica dos artículos recientes (Reforma, 11 y 12 de octubre) a dar consejos al "presidente Calderón" y al "opositor López-Obrador", y a aprobar o descalificar figuras, no procesos políticos, con base en sus fobias y filias.
Orgullo literario de varias generaciones de mexicanos, Carlos Fuentes se equivoca, flaquea, sucumbe a las mareas tramposas en las que los conservadores y reaccionarios del país buscan ahogar la insurgencia civil o el resultado verdadero de las elecciones y, sobre todo, parece que dormita o duerme justo cuando la nación vive uno de los momentos más fascinantes de su historia reciente: el despertar de las conciencias ciudadanas.
¿Por qué un escritor del calibre de Fuentes aceptó la validez de la elección, sin antes revisar las conclusiones derivadas de, por ejemplo, el encuentro de 60 investigadores que examinaron 12 estudios realizados por matemáticos, físicos, estadísticos y otros, en las que se revelaron innumerables inconsistencias en los resultados? (véase La Jornada, 5 de agosto). ¿Cómo soslayar una sola de estas conclusiones: errores y/o manipulación en 46 por ciento de las casillas, afectando un millón 763 mil 764 votos? (consúltese www.analisis-elecciones2006.unam.mx) ¿No acaso un intelectual de verdad indaga, escudriña, analiza y pondera antes de emitir una opinión, especialmente cuando sus comentarios pueden adquirir trascendencia inmediata? La responsabilidad de una figura pública es, ni más ni menos, eso: un compromiso descomunal con la sociedad que lo lee y admira, pero que también lo juzga y lo critica.
¿Y la intromisión inmoral e ilegal de Fox y sus 456 mil 375 promocionales entre enero y mayo? ¿Por qué el escritor que promueve "izquierdas modernas" nada dice de las "arcaicas" embestidas del Consejo Coordinador Empresarial contra López Obrador en plena época electoral, y de las acciones tramposas de decenas de empresas y corporaciones en favor de Calderón? ¿Por qué se niega a conceder lo que el mismo IFE aceptó (y después contradijo) que por debajo del margen de error, tres por ciento, el resultado de la elección con 40 millones de votos es, por principio, dudosa? ¿Y los veredictos contradictorios, incongruentes, incluso cínicos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Al soslayar todo lo anterior, Fuentes nos invita a olvidar, como si la realidad pudiera desvanecerse en un acto de magia. Quienes no pertenecemos a partido alguno, pero exigimos democracia en México, hasta sus últimas consecuencias, somos, por fortuna, inmunes a la amnesia. Olvidar las elecciones presidenciales, "hacerse de la vista gorda", es hoy un acto inmoral.
Preparo este artículo, y me obligo a examinar de nuevo varios libros de Fuentes. Mi mano toma uno de ellos (Instinto de Inez, 2000), leo al azar páginas y párrafos, y como si fuera premonición, mi vista se detiene en la página 95: "Afuera el Palacio de Bellas Artes era un gran pastel de bodas imaginado por un arquitecto italiano, Adamo Boari, seguramente para que el edificio mexicano fuese la novia del monumento romano al rey Vittorio Emmanuele: el matrimonio se consumaría entre sábanas de merengue y falos de mármol e hímenes de cristal, sólo que en 1916 el arquitecto italiano salió huyendo de la Revolución, horrorizado de que su sueño de encaje fuese pisoteado por las caballadas de Zapata y Villa". ¿Cuántos escritores como Fuentes, artistas, científicos e intelectuales saldrán huyendo del país con sus sueños de encaje frente al vendaval, pacífico pero contundente, que se avecina?
Fuentes, dijo Paco Ignacio Taibo II en boca de su detective Belascoarán, "...era uno de los pocos tipos serios que le quedaban al país, quizá porque vivía fuera de él" (1989). ¿Se le habrá revertido esa condición ventajosa? No lo sabemos. Lo más probable es que la propaganda, la burbuja en la que habita (distante, perfumada y aséptica), la fatiga intelectual, la tentación por el dogma o, simplemente, el maldito deseo por terminar la vida en un país en calma (¡carajo!), o quizás todo ello, se desayunaron a Fuentes. Buen apetito. Descansen en paz, oh Musas mexicanas, los antiguos señores de la palabra que no lograron renovarse.
sábado, octubre 07, 2006
Nuevo Programa en Radio Bemba
Los invitamos a escucharlo y sobre todo a participar con propuestas,
comentarios, críticas, etcétera.
El programa se transmitirá todos los domingos de las 9 a las 11 de la mañana
por:
*Radio Bemba 95.5 FM*
*www.radiobembafm.org* Tels. (662) 215.90.05
Escúchalo, conéctate, llama y participa en este esfuerzo ciudadano por
romper el cerco informativo de la derecha siniestra que padecemos.
Red Orejana
Jornadas Culturales Sábado 7 de octubre
A todos los que no van a Etchojoa en la caravana, los esperamos en la Plaza Emiliana de Zubeldía
como todos los sábados en donde tendremos el siguiente:
Programa de las Jornadas Culturales por la Democracia
*Sábado 7 de octubre, 7 de la tarde*
·Trovador Joel Ávila (5 canciones)
·Obra de Teatro la Casquivana con Vera Lucero y Julia Zamudio
·Video de la entrevista con Paco Ignacio Taibo II en Hermosillo
·Trovador Alonso López
Al mismo tiempo, daremos información acerca de las actividades de la semana,
los avances en la organización del movimiento, el estado actual del
conflicto en Oaxaca y en Etchojoa, además de las actividades programadas
para la semana próxima.
Asiste y pasa la voz.
Red Orejana
viernes, septiembre 29, 2006
Jornadas por la Cultura Democrática (Hermosillo)
Todos los sábados a las 19:00 horas se organizan actividades culturales en la Plaza Emiliana de Zubeldía.
Programa del sábado 30 de Septiembre:
JORNADAS POR LA CULTURA DEMOCRÁTICA
Plaza Emiliana de Zubeldía, 7 de la tarde
Sábado 30 de Septiembre
Programa
sábado, septiembre 09, 2006
Cientos de miles se han registrado para la convención
La Jornada, Jueves 7 de septiembre de 2006
Alta afluencia, a 8 días de que se iniciaron las inscripciones, informa el PRD-DF
Suman cientos de miles las personas registradas a la convención del día 16
Acuden estudiantes, obreros, profesionistas, campesinos, amas de casa, jubilados...
ERIKA DUARTE Y ROCIO GONZALEZ
Ayer, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se congregaron a lo largo de los campamentos ubicados del Zócalo a la fuente de Petróleos, para participar en los preparativos de la Convención Nacional Democrática (CND), sobre todo en lo referente al registro de los delegados que acudirán en representación del Distrito Federal.
Desde las primeras horas de la mañana, estudiantes, obreros, profesionistas, campesinos, amas de casa y personas jubiladas, provenientes de diversas zonas de la ciudad y del país, acudieron a inscribirse. Fue el caso de la señora Cristina Valle, quien radica en el estado de Oaxaca y vino a la capital con ese objetivo.
Dijo estar dispuesta a regresar el día 16 para participar en la convención, "porque ya no es posible seguir como vamos, con tanta pobreza, injusticia y desigualdad, y con instituciones que sólo favorecen a los privilegiados", expresó con voz firme.
Molesta por el reciente fallo del tribunal electoral, la mujer, ataviada con un huipil, expresó: "siempre ha sido lo mismo, fraude tras fraude, desde que el PRI estaba en el poder. El que acabamos de ver ya lo tenían preparado desde antes de las elecciones. Ya estamos cansados, pero qué bueno que la gente ya está abriendo los ojos. Ya basta", agregó tras recoger su gafete que la acredita como delegada.
Sin distingos de edad, clases sociales y ocupaciones, quienes simpatizan con el movimiento de resistencia civil acuden a los módulos y exponen las razones que los llevan a ser parte de la convención, como Mariana Martínez Velasco, de 15 años, quien dijo que participa porque "gobernantes como Andrés Manuel son los que requiere este país, sobre todo la gente más pobre y necesitada".
La joven señaló que en su colonia, Parajes de Buenavista, en la delegación Iztapalapa, "vivíamos en condiciones de marginalidad, no había ni calles pavimentadas, pero López Obrador nos ayudó mucho y ahora contamos con servicios públicos. Mucha gente que no tenía ni para comer ahora puede mandar a sus hijos a la escuela; por ejemplo, en mi caso, gracias a él puedo continuar con mis estudios".
Según los representantes de las mesas de inscripción, sólo en uno de los módulos ubicados en la calle Madero se registraron unas 4 mil personas en menos de 24 horas.
"Podrán nombrar un presidente legítimo"
Bárbara Ordóñez, una de las activistas, indicó que conforme se acerca la fecha para el encuentro aumenta la afluencia de registros, debido a que "ahora ya tienen más claros los fines de la convención. Ya saben que como delegados van a tener voz y voto en las decisiones que se tomen, y podrán nombrar a un presidente legítimo, si esa fuera la decisión. Es similar a emitir un voto, sólo que esta vez su voluntad sí será respetada".
Agregó que los momentos de mayor demanda de inscripción son después de la asamblea informativa de Andrés Manuel López Obrador, cuando la gente se siente más motivada.
A ocho días de que se abrió la convocatoria, cientos de miles de personas se han inscrito para participar en la jornada del 16 de septiembre, indicó el dirigente del PRD-DF, Martí Batres Guadarrama, quien explicó que se prevé ocupar 32 calles del Centro Histórico, una para cada entidad federativa, mientras que en la explanada del Zócalo se ubicará a la población vulnerable: adultos mayores, indígenas y personas con capacidades especiales.
Tras señalar que el próximo día 10 se realizará otro corte para conocer el padrón de la convención, Batres Guadarrama indicó que incluso el mismo sábado 16 los módulos de registro estarán abiertos para incluir a quienes decidan inscribirse el último día. Agregó que una vez que se expongan los temas a tratar durante la CND, se podrán dar a conocer los resolutivos el mismo día, o bien declararse en sesión permanente o convocar a otra plenaria.
1988: Cuando los panistas protestaban
Presidente Maquío
Su gabinete
Enrique Galván Ochoa
La presidencia y el gabinete alternos de El Maquío Clouthier fueron efímeros. Actuaron del 23 de febrero al primero de octubre de 1989, cuando ocurrió la misteriosa muerte del aspirante presidencial panista. Un tráiler embistió al vehículo en que viajaba por una carretera del norte del país. En ese medio año, el presidente Maquío -así lo llamaban sus partidarios- y su gabinete habían puesto en apuros al oficialmente electo Carlos Salinas de Gortari, a quien calificaban de usurpador. El Maquío por su lado y Cuauhtémoc Cárdenas por otro -aquél Cuauhtémoc, no el de ahora- evidenciaron con sobradas pruebas el fraude electoral oculto en la frase de Manuel Bartlett: "se cayó el sistema". La prensa salinista condenaba la resistencia civil panista como "subversiva" y al mismo Maquío lo acusaba de fraguar una "traición a la patria". Luis H. Alvarez había tomado la protesta a los rebeldes con estas palabras: "Señores miembros del Gabinete Alternativo del Partido Acción Nacional: ¿prometen reflexionar, comunicar y actuar con base en los principios y estatutos del partido, a la luz de sus plataformas políticas, para bien de México?". Debo a mi compañera de redacción, Mireya Cuéllar -autora del libro Los panistas- un dato que cobra relieve hoy: la integración del gabinete de El Maquío:
Maquío Clouthier Presidente de la República y coordinador del gabinete
Diego Fernández de Cevallos Política Interior
Jesús González Schmal Política Exterior
Fernando Canales Clariond Infraestructura, Servicios y Empresas Paraestatales
Francisco Villarreal Torres Derechos Humanos
Rogelio Sada Zambrano Política Económica
Carlos Castillo Peraza Política Educativa y Cultural
María Elena Álvarez Bernal Política Social
Moisés Canale Salud y Ecología
Vicente Fox Quesada Política Agropecuaria
Luis Felipe Bravo Mena Secretario Técnico
¿Qué ha sido de ellos?
Carlos Castillo Peraza ya falleció, fue el mentor de la juventud de Felipillo. Me dicen que el empresario juarense Francisco Villarreal Torres también dejó de existir. Luis Felipe Bravo Mena forma parte del gobierno foxista, es el embajador en el Vaticano. Jesús González Schmal ya no forma parte del PAN, está concluyendo su gestión como diputado de Convergencia y ha sido un implacable fiscal de los hijos de la señora Marta. Por otro lado, Rogelio Sada Zambrano fue alcalde de San Pedro Garza García, diputado federal y funcionario de la Contraloría. Fernando Canales Clariond pertenece al gabinete, pero ya no al de El Maquío, sino al de Fox: es el secretario de Energía, después de haber sido de Economía. El Matapapas Fernández de Cevallos ha hecho fortuna: esta semana dejará de ser senador y tal vez será incorporado al gabinete para que siga teniendo fuero, dicen que debe muchas. Y Vicente Fox es quien se llevó el gato al agua, sobran los comentarios.
Cambio de piel
¿Y qué pasó después de la muerte del presidente Maquío? El suceso marcó un quiebre importante en la vida del PAN. Dejaron el camino de la rebeldía y comenzaron el de la corrupción. Chorejas cautivó al Matapapas, al extremo que el ex secretario del interior fue quien dio el cerillazo para que fueran quemadas las boletas del fraude electoral. Luego vino el arreglo en lo oscurito por los gobiernos de Guanajuato y Baja California. Tiempo después, el mismo Matapapas se dejaría ganar la Presidencia por Zedillín, según ha lamentado don Vicente MegaSpot. Pero la gran concertacesión prianista fue la del Fobaproa: Felipillo torció los tres "no" que había acordado el panismo nacional reunido en Puerto Vallarta -no al Fobaproa, no a la impunidad, no a la conversión de las pérdidas de los banqueros en deuda pública- y el partido que presidía avaló el fraude junto con el PRI. ¿Saldos? El PRI ha perdido todo, o casi. El dinosaurio abandonó su encarnación tricolor y rencarnó en azul. Sigue lleno de vida y salud. Aunque hace seis años algunos ingenuos lo dieron por muerto, ya va a cumplir más de 80 años en el poder.
Pregunta incómoda:
¿No es un sarcasmo que hoy el PAN llame subversivo a El Peje cuando anuncia que el 16 de septiembre la Convención Nacional Democrática podría designar a un presidente y su gabinete alterno?
Luis Villoro opina sobre la Convención
La Jornada, Viernes 8 de septiembre de 2006
Oposición en la realidad
Luis Villoro
Con su fallo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no estuvo a la altura que esperábamos. Desoyó las voces indignadas de muchos ciudadanos. Todos esperábamos un fallo equitativo que diera satisfacción a las demandas de revisión presentadas por la coalición. Pero la indignación no basta. ¿Cuál sería la respuesta adecuada frente al fallo?
La mejor respuesta no debería reducirse a la actual coyuntura electoral. Debe abrir un camino, vigente para un largo plazo. Este debe basarse en la necesidad de avanzar colectivamente hacia un proyecto nuevo de nación definitivo, desde abajo y por la izquierda. El movimiento zapatista ha tenido razón. El presidentalismo es un sistema caduco. Igual lo es la democracia representativa basada únicamente en los partidos, la "partidocracia". Habría que avanzar hacia formas de democracia "participativa" y aun "comunitaria", más allá de los partidos. Pero, ¿cómo lograrla?
Sólo con una oposición permanente que tendría que ser a largo plazo. Sobre todo tendría que superar el riesgo de actuar con premura, sin reflexión suficiente; sólo puede caminar con éxito si se toma tiempo. La convención nacional democrática está convocada para iniciar sus trabajos el 16 de septiembre. Pero la discusión de un proyecto nuevo de nación requiere mucho más tiempo para su debate. No puede aprobarse en un acto declaratorio en el Zócalo al calor de un discurso. Requiere de la consulta y la anuencia de delegados de toda la República. No sucumbamos a la presa; la reflexión requiere serenidad y discusión pausada.
Por esas razones, muchos no podemos estar de acuerdo con nombrar un nuevo presidente en rebeldía. Esto rompería, aunque sólo fuera simbólicamente, el orden constitucional. Para sostener una amplia y permanente oposición lo que menos necesitamos son actos provocadores. Lo que sí es necesario, pienso yo con muchos conciudadanos, es caminar hacia la paulatina realización de un nuevo proyecto de nación para el porvenir cercano. Este es el que garantizaría, a la larga, la realización, que López Obrador ya ha propuesto y con él coincide, en muchos puntos, el movimiento zapatista. Un proyecto de oposición podría seguir ciertas ideas regulativas: una nueva ley electoral; una nueva legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas; resistencia contra la privatización de los recursos naturales; lucha contra la corrupción; ampliación de la educación en todos sus niveles; lucha para disminuir radicalmente la desigualdades económicas y sociales. Una izquierda nueva podría aglutinarse, sin perder diferencias, en las líneas de un proyecto semejante.
López Obrador cuenta ya con un caudal político considerable. Quienes votamos por él tenemos la obligación de no malgastarlo en actos provocadores contraproducentes. Nuestra lucha es a largo plazo. En cambio, démosle apoyo y confianza para que pueda encabezar un proyecto de renovación radical de la República, sin violencia, dentro de la legalidad.Opiniones sobre el fallo del TEPJF
La Jornada, Viernes 8 de septiembre de 2006
Felipe Calderón: presidente espurio
Gilberto López y Rivas
Con justificaciones legalistas y una interpretación anodina y contradictoria del derecho, la Constitución y las leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuó conforme al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar decidieron imponer a Felipe Calderón como presidente de la República. Se consuma el "golpe de Estado técnico" o "ruptura del orden constitucional" que trastoca toda legalidad, legitimidad y credibilidad de las instituciones "democráticas" y que seguramente llevará a millones de mexicanos a continuar una resistencia cívica en proceso de construcción y de incierto futuro, pero de obligada opción por congruencia ética y política.
Se expresa así la crisis institucional que conlleva la mundialización capitalista neoliberal, con estados autoritarios y corruptos, coludidos con las redes corporativas y, en muchos casos, el crimen organizado, y con tendencias estructurales a violentar sistemáticamente sus fundamentos de legalidad y estado de derecho y, por ende, a vaciar de contenido los procesos democráticos enaltecidos por los ideólogos del capitalismo neoliberal.
Ana María Rivadeo, en su libro Lesa patria: nación y globalización (México, UNAM, 2003), describe lo que considera Estado nacional de competencia como una nueva forma del Estado autoritario. "Esta se articula en torno a una desdemocratización de las instituciones liberal democráticas, impuesta por medio del recurso de 'los hechos' que exige la competencia capitalista trasnacional. O sea, que esa desdemocratización se apoya, en lo esencial, en el vaciado, la ineficacia y la insignificancia inducidas de las instituciones liberal democráticas. Estas torsiones no involucran, sin embargo, ningún retroceso o debilidad del Estado. El Estado nacional de competencia es un vigoroso interventor, tanto en el plano económico como en las dimensiones política, social, ideológica, cultural y militar; el neoliberalismo es una doctrina exacerbadamente estatista; y el 'libre mercado' es una construcción político estatal instituida y sostenida, asimismo, por la coerción y la represión." (pp. 310-311)
Este autoritarismo se ha dejado sentir en todo el país con el creciente clima de militarización abierta y encubierta, la sistemática criminalización de la disidencia y los rumores e informaciones sobre preparación de grupos paramilitares y parapoliciacos al servicio de la represión gubernamental y la ultraderecha. Los ataques de sicarios y fuerzas de seguridad contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con su secuela de muertos, heridos y detenidos; así como las amenazas y agresiones contra adherentes de la otra campaña; los actos de formal prisión contra los dirigentes de Atenco; y las denuncias de provocaciones de las juntas de buen gobierno en Chiapas son hechos recientes de una política represiva generalizada que Felipe Calderón considera de "mano firme".
Los grupos de inteligencia del Estado, Sección Segunda del Ejército y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), andan muy activos, recabando información sobre los "grupos subversivos" y realizando algunas acciones concretas. Hace unos días, por ejemplo, se interfirió la señal de La Voladora Radio, en Amecameca, estado de México, obligándola a salir del aire en siete de los nueve municipios que cubría. Los miembros de este colectivo, adherentes a la Sexta Declaración y a la otra campaña, fueron amenazados en su integridad física y la de sus familias, en mensajes soeces que pretenden acallar esta importante voz de la radiofonía independiente. Lo mismo esta ocurriendo con la organización Jóvenes en Resistencia Alternativa, colectivos de la otra campaña en Puebla y en otros estados del país.
El poder que impuso a Calderón está subestimando la reacción de importantes sectores del pueblo mexicano y pretende que el desgaste y las campañas mediáticas se harán cargo de la oposición contra la Presidencia impuesta. Sin embargo, existen al menos cuatro formas político-organizativas que plantean una lucha frontal contra el gobierno en ciernes: 1) Un movimiento ciudadano de corte democrático popular bajo la conducción de AMLO y apoyado por la estructura burocrática, de gobierno y representación parlamentaria de los partidos de la coalición Por el Bien de Todos. 2) La "comuna de Oaxaca" que se origina en una movilización gremial y ante la represión del gobernador, se transforma en una experiencia de gobierno popular con representación de diversos sectores sociales y de los pueblos indios, con un alcance histórico todavía no valorado en todas sus dimensiones por la simultaneidad con el movimiento cívico. 3) El EZLN y la otra campaña, que pasan por momentos de debate y definición, pero que representan una fuerza política cuyos fundamentos descansan en las experiencias de los procesos autonómicos del "mandar obedeciendo" y que intenta desde una perspectiva anticapitalista establecer un polo popular nacional que logre la hegemonía de un poder constituyente; y 4) Los grupos armados con un proyecto socialista y una estrategia de guerra popular prolongada que implica acumulación de fuerzas, autodefensa y sobrevivencia hasta alcanzar el poderío suficiente para una fase nacional ofensiva. Probablemente, cada movimiento siga sus propios derroteros, o en un momento dado mantengan coincidencias puntuales. Lo importante es la conciencia creciente de que las cosas no pueden seguir como están y que hay situaciones extremas que un pueblo no puede tolerar. ¡No al presidente fraudulento!
La Jornada, Jueves 7 de septiembre de 2006
¿Consummatum est?
Octavio Rodríguez Araujo
Dice la leyenda que estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, pero sin interrogación. Lo que en español quiso decir, siempre siguiendo la leyenda y el Evangelio de San Juan, fue que todo se había acabado, que todo se había cumplido. El empleo de estas palabras suele ser a propósito de un desastre y de un gran dolor. La interrogación la uso para preguntar si de verdad todo se acabó. Aunque el desastre y el dolor sí existen, como se prueba con algunas fotografías de gente que ingenuamente quiso creer en las instituciones, pienso que no, que en realidad todo empieza ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió torpemente que Felipe Calderón Hinojosa sea el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Dije "torpemente" pues en sus propias explicaciones llevaba la contradicción de sus conclusiones. Los sabios del tribunal, siguiendo una consigna más que la razón y el entendimiento, cayeron en sus propias trampas, al igual que el niño cuando miente y trata de que le crean. Después de señalar que el presidente Fox puso en riesgo la elección, que el Consejo Coordinador Empresarial tuvo injerencia en el proceso electoral, que hubo irregularidades en los comicios, que el IFE no actuó como debía, después de reconocer todo esto, declaró que nada de eso probaba que la elección y su proceso previo hubieran sido ilegales; sólo un poquito, les faltó añadir.
En una democracia madura, no me cansaré de repetirlo, los votos se hubieran contado en su totalidad, era la única forma de transparentar una elección bajo sospecha. No se hizo, y el tribunal no quiso hacerlo; ahora ya sabemos por qué, aunque lo sospechábamos. Pero con su actuación lo único que ha demostrado es que no sólo el Poder Ejecutivo federal sino también el Judicial fueron cómplices de un golpe de Estado ex ante (de antemano, anticipado) para evitar que López Obrador, precisamente por la vía electoral e institucional, pudiera llegar al poder. Lo que ha concluido ahora no es el proceso electoral, sino un golpe de Estado preparado, como todos los golpes de Estado, desde los aparatos del Estado mismo.
Las famosas instituciones, las que defienden desde afuera (¿que tan afuera?) los intelectuales seguidores de lo "políticamente correcto" y, desde luego, los titulares de esas instituciones que las usaron para su beneficio y el de sus amos, han demostrado empíricamente que deberán ser reformadas, si no sustituidas. El Instituto Federal Electoral, como ha quedado claro con las denuncias de varios de sus consejeros de Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán y Oaxaca, y con la valiente renuncia de Esteban Garaiz en Jalisco, por considerar que las campañas no fueron limpias ni equitativas, deberá reformarse, y sus consejeros nacionales, comenzando por Ugalde, deberán renunciar de inmediato o el Congreso de la Unión sustituirlos sin mayor trámite. Los magistrados del TEPJF se van, salvo uno, el mes que entra, pero antes deberían ser sometidos a juicio político junto con el presidente (con minúsculas) de la República.
El escarnio que los dueños de las instituciones han hecho de éstas no es cualquier cosa. Las han reducido a nada y las han puesto en la ilegalidad constitucional. Con esta sola acción, para no mencionar otras más, han invitado al pueblo de México a exigir que las instituciones le sirvan y a negarse a servirlas como han querido los gobernantes y sus paleros de los poderes Judicial y Legislativo. El Estado y no sólo el gobierno, le ha dado la espalda al pueblo de México; justo será que éste, en reciprocidad, levante la bandera de la dignidad y desconozca a las instituciones, con la Constitución en la mano.
La imposición de un presidente ilegítimo, sólo apoyado por una legalidad usada facciosamente por los facinerosos coludidos a cargo de las instituciones, sólo nos deja una salida, también legal y con amparo constitucional: la resistencia civil y la organización popular en una convención nacional democrática que impulse un nuevo país democrático en el que, por primera vez en muchísimos años, el poder sea del pueblo y para el pueblo.
Ningún mexicano bien nacido, consciente de lo que ha ocurrido y que tenga dignidad, podrá aceptar una imposición producto de un golpe de Estado anticipado, llevado a cabo desde que se quiso eliminar con el desafuero a nuestro candidato a la Presidencia. Si lo permitimos seremos cómplices de este gran atropello. El Estado mexicano ha mostrado, una vez más, su verdadera cara. Enseñémosle la nuestra. No todo se ha acabado, no estamos ante un hecho consumado: del dolor por el desastre conducido por la oligarquía política y económica surgirá la rabia, y de ésta la lucha por un México verdaderamente mejor. A diferencia de ellos, que sólo cuentan con las instituciones de las que se han burlado y con inmensos recursos económicos, nosotros contamos con un líder, con un proyecto y con un gran espíritu de lucha para enfrentarlos. Felipe Calderón no será presidente.
La Jornada, Jueves 7 de septiembre de 2006
Presidente de la República en resistencia
Martí Batres
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el fraude cometido en las casillas electorales por medio de la inyección de votos espurios. Su decisión es ilegal porque incluyó en el cómputo miles de votos fraudulentos. No es cierto que esta resolución sea legal sólo porque la dicta un tribunal. Está fuera del marco de la ley porque contradice lo que señala la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la propia jurisprudencia del tribunal. Este validó los votos sobrantes que exceden al número de votantes que aparecen en la lista nominal, con el argumento de que no alteran el resultado final de la casilla correspondiente. Al analizar las irregularidades por separado, el tribunal burla los principios de objetividad y certeza porque pretende ignorar que las irregularidades en su conjunto, por pequeñas que sean, invierten, voltean, cambian el resultado del ganador de la contienda, toda vez que la supuesta diferencia es de menos de dos votos por casilla. Esta decisión es inadmisible moral, política, histórica y jurídicamente.
Frente a la resolución ilegal del TEPJF, la respuesta inmediata de la resistencia civil y pacífica será la convención nacional democrática. La convención será la representación del pueblo en resistencia y tendrá que decidir el rumbo del movimiento y el futuro político de México. Se han puesto a discusión un conjunto de alternativas entre las que decidirá la propia convención. Por ejemplo, tendrá que decidirse si se forma un gobierno de la República o una coordinación nacional de la resistencia civil pacífica. Esto implica también decidir si se reconoce a un presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos o si la convención elige a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un coordinador nacional de la resistencia civil pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
Considero que la convención nacional democrática debe nombrar a un presidente de la República en resistencia. La convención puede, como representación de la soberanía popular, entrar al fondo de las irregularidades que el TEPJF no resolvió, aprobar un dictamen, y en consecuencia declarar presidente de la República. No se trata de que la convención elija a un presidente. El pueblo de México ya eligió un presidente el pasado 2 de julio. Se trata de que la convención haga una declaratoria basada en la ley, en virtud de que tanto el IFE como el TEPJF renunciaron a cumplir la legalidad.
Formar una coordinación nacional para la resistencia no aportaría un hecho nuevo. En los hechos, ya hay una coordinación para la resistencia. Formalizarla podría interpretarse como la redición de otras experiencias o como la admisión de que la imposición se ha consumado y sólo resta resistirla. El movimiento tiene que ir mucho más allá esta vez y explorar caminos inéditos en la lucha política contemporánea.
Formar un gobierno paralelo, reconocer a un presidente legítimo o declarar un presidente de la República en resistencia significa un camino nuevo, pero no exento de antecedentes históricos parecidos. Ya en el siglo XIX, mientras los conservadores por medio de un golpe imponían un presidente ilegítimo en Palacio Nacional, Benito Juárez recorría el país como presidente legítimo, constitucional, de México. El episodio se repitió cuando los conservadores trajeron a Maximiliano de Habsburgo como emperador y Juárez volvió e recorrer el país. Las Leyes de Reforma fueron decretadas por Juárez en su primer recorrido por el país como presidente legítimo, mientras en Palacio Nacional estaban los conservadores. También ya la soberana Convención de Aguascalientes nombró presidentes de la República para resolver el vacío de poder derivado de la lucha contra la usurpación de Victoriano Huerta. En épocas más recientes, Manuel J. Clouthier formó un gabinete paralelo luego del fraude electoral de 1988. Después, en 1994, el movimiento democrático declaró a Amado Avendaño gobernador en rebeldía en el estado de Chiapas, ante el fraude electoral que el PRI realizó. Ya en este sexenio los zapatistas formaron las juntas de buen gobierno en Chiapas, y apenas este año se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Todos estos son ejemplos de la dualidad de poderes que se ha dado en momentos extraordinarios y con diferentes resultados en la historia nacional o regional de México.
La resolución del TEPJF no consuma el fraude electoral. Y la resistencia civil con un presidente legítimo de México a la cabeza puede lograr el restablecimiento del orden constitucional. Los mexicanos votaron para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México y ese es el desafío que tendrá que emprender la convención nacional democrática.
La historia de México da cuenta de diversos fraudes e imposiciones evitadas. Precisamente en 1991, Vicente Fox llamó a no acatar los fallos de los órganos electorales de Guanajuato: Comisión Electoral, Colegio Electoral y Tribunal Electoral, que declaraban triunfador y gobernador electo a Ramón Aguirre. Fox y su gente tomaron el aeropuerto y estrangularon carreteras como acciones de resistencia civil y lograron que Ramón Aguirre no se presentara a rendir protesta como gobernador de Guanajuato. Ese mismo año, la resistencia civil en San Luis Potosí, encabezada por el doctor Salvador Nava, impidió la entrada de Fausto Zapata al palacio de gobierno de San Luis Potosí por medio de un sentón de cientos de mujeres potosinas. Un año más tarde, en 1992, se consumó un fraude electoral en Michoacán, para despojar de su triunfo a Cristóbal Arias e imponer al candidato del PRI a la gubernatura, Eduardo Villaseñor, quien tomó posesión del cargo, lo ejerció durante algunos meses y después renunció por la presión de las movilizaciones. Si hay decisión de los dirigentes y respuesta del pueblo, Felipe Calderón no llegará a tomar posesión del cargo de presidente de la República o en el camino quedará como un presidente patito, rebasado por la realidad política de México.
La burla
La Jornada, Editorial del Miércoles 6 de septiembre de 2006
Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en las dos acepciones de la palabra y convirtió en verdad jurídica la validez de las elecciones presidenciales celebradas el 2 de julio, con base en inciertos resultados presentados por el Instituto Federal Electoral (IFE). En términos jurídicos la resolución es inatacable, por más que haya sido un ataque, ella misma, a la inteligencia de los ciudadanos: en vez de colocarse al margen de las posturas partidarias, así como de las presiones gubernamentales y empresariales, y fundamentar su juicio en una visión de Estado, los magistrados optaron por chapotear en los alegatos facciosos y por incursionar en la feria de descalificaciones; así, en vez de impartir justicia, tomaron partido; lejos de velar por la vigencia de las instituciones, terminaron por marginarlas de la actual crisis política; en vez de proponer soluciones a la grave polarización que vive el país, decidieron acentuarla.
Las argumentaciones de los integrantes de la Sala Superior son un repaso de las menudencias de la elección el dictamen se mete hasta con la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en el primer debate entre candidatos, impresentable no sólo por su incongruencia, que conjunta el reconocimiento de irregularidades graves con una declaratoria, pese a todo, de validez, sino también porque el "cómputo final" que arguye no es tal, sino en sus nueve décimas partes el impugnado cómputo inicial fabricado por el IFE en la semana posterior a la elección, caracterizado por desaciertos, si no es que desaseos, que anularon las condiciones exigidas por el precepto constitucional (artículo 41), de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
En suma, la Sala Superior del TEPJF faltó a su deber de desempeñarse como un tribunal constitucional, responsable de velar por la integridad de la República y sus instituciones, y se enzarzó en un pleito de barandilla para descalificar los argumentos de la coalición Por el Bien de Todos en demanda de anular las elecciones. Con ello, los comicios han sido revestidos de legalidad y, por esa vía, de legitimidad, argumenta el magistrado presidente, Leonel Castillo, pero tales acrobacias no van a persuadir a un tercio del electorado a decir de los números oficiales de que la voluntad popular fue respetada en los comicios del 2 de julio y que sus resultados la reflejan.
La incredulidad, por lo demás, tiene sólidos fundamentos, si no en la manera en que aplican las leyes quienes encabezan el tribunal electoral, sí al menos en el sentido común: las cifras finales de la elección son un misterio, y así habrán de quedarse, toda vez que el IFE fue acusado de parcialidad y el TEPJF decidió no tomarse la molestia de despejar las dudas y volver a contar los sufragios uno a uno. La consideración que debiera ser de lógica elemental la negativa a esclarecer incrementa necesariamente la turbiedad fue desechada por los magistrados electorales, quienes, con ello, cancelaron toda posibilidad de convertir el triunfo digital de Felipe Calderón Hinojosa en una derrota política de su principal adversario, y en el fundamento de un gobierno aceptado y aceptable por el conjunto de los ciudadanos.
Si la distancia entre el México oficial y el México real se ha vuelto enorme en los años del foxismo, ayer se generó un abismo entre la verdad jurídica y la verdad popular. La última palabra de las instituciones fue una negativa a resolver la confrontación política más severa y preocupante que ha vivido el país en muchas décadas; con ello se formalizó la ruptura entre el poder público y un sector de la población movilizado ahora en contra de lo que percibe como una imposición, pero cuyos agravios son más añejos, extensos y profundos: es la expresión de los de abajo, de los marginados por el modelo económico imperante, de los excluidos de las decisiones, de los principales afectados por el vasto latrocinio gubernamental, de los discriminados, de las víctimas de la arrogancia del poder, de los nacos de siempre.
Ellos, ante el enorme juego de simulaciones puesto en marcha por los poderes político, empresarial y mediático, hoy más que nunca perciben como palabras huecas las frases oficiales del momento sobre institucionalidad, democracia, legalidad, legitimidad, equidad, transparencia y pluralismo. Razones les sobran, pero los órganos del Estado, a su vez, decidieron no escucharlas. Una vez más, han sido burlados.
Felipe Calderón Hinojosa fue declarado presidente electo. Cabe preguntarse ahora sobre qué bases podrá construir su presidencia.
La Jornada, Martes 5 de septiembre de 2006
El fraude
René Drucker Colín
El día de hoy, la situación política que vive el país gira alrededor del asunto de si hubo fraude o no en el proceso electoral. Andrés Manuel López Obrador está convencido de que hubo un fraude que le impide ser el Presidente legítimo de este país. Desde luego, aquellos que apoyan al candidato del PAN lo niegan, y buscan a como dé lugar procurar que el movimiento de resistencia civil se desgaste y se desprestigie. Los argumentos que más gustan de usar son que no hay pruebas del fraude y que López Obrador está enloqueciendo, pues no sabe ser perdedor, amén de muchos otros "argumentos" que más bien son insultos. Todos sabemos que cuando los argumentos están plagados de insultos es que faltan argumentos.
El problema que tenemos enfrente y que el tribunal electoral debería tomar en cuenta es cómo definimos el fraude. El diccionario tiene dos definiciones de fraude, una que dice así: "delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de (algo)", y el segundo que dice: "engaño que se hace para obtener una ventaja".
Los que alegan que no hubo fraude quieren que se les dé la fotografía del momento o acto en el cual se cometió el delito por parte del encargado de vigilar (aquí el IFE). Si no existe esa prueba contundente, entonces para ellos no hubo fraude y, por lo tanto, la elección fue limpia, aun cuando hubiera habido "algunas irregularidades". Lo que desde luego nunca van a admitir es el engaño de todo el aparato del Estado que les permitió obtener a la vista una ventaja. El fraude, pues, está en el proceso electoral. El diccionario señala que la palabra proceso significa "método seguido para alcanzar un fin". En este caso, el método que se siguió para imponer al candidato del PAN fue largo (duró más de dos años) y tuvo no sólo el apoyo de Los Pinos y su presupuesto, sino también el de los medios de comunicación y, a final de cuentas, del propio IFE, quien no hizo lo que debió hacer por ley, al no anular las campañas de odio y descalificación que se plasmaron a lo largo y ancho del país. El fraude, pues, estuvo en el método que se usó para alcanzar el fin de evitar que López Obrador llegara a la Presidencia. De eso existen innumerables evidencias.
En general, cualquier acto ilegal o inadecuado tiene consecuencias generalmente negativas hacia aquellos que las cometen, y luego afecta a terceros. El fraude, desde luego, tiene consecuencias, y ahora las estamos viendo. La primera y más grave es que la sociedad mexicana está ahora más dividida que nunca. Segundo, se está creando una crisis social de enormes dimensiones, y junto con esto una crisis política cuyos alcances aún desconocemos. Todo esto se gestó gracias a la enorme y lacerante incompetencia de Vicente Fox y su gabinete. No contento con haber aumentado los índices de pobreza, afectar a niveles preocupantes la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, haber provocado que México descendiera a los niveles históricos más bajos en competitividad, haber provocado que la economía mexicana dependiera cada vez más de las remesas de los migrantes por falta de empleos, haber impulsado la peor política exterior de la que se tenga memoria, siempre genuflexo ante Estados Unidos, utilizó el aparato del Estado para entrometerse en el proceso electoral, cuyo desenlace es que se generara una de las crisis políticas más graves en la historia reciente de este país. Desde luego que el fraude se dio, aun cuando no se tenga la fotografía del instante preciso en el que ocurrió.
Ese proceso, ese método que se usó para alcanzar la finalidad de no dejar que Andrés Manuel López Obrador llegase a la Presidencia, es la causa de la resistencia civil. Los insultos, las denostaciones y la manipulación mediática que se han desatado en contra del candidato de la coalición y de los que día a día están en la resistencia, no hacen más que agravar los conflictos entre mexicanos. Lo más sensato sería razonar, procurar entender las causas por lo que está generándose la resistencia civil, en lugar de señalar que el movimiento "me afecta a mí", "no me gusta", "se ve feo" y, peor aún, utilizar adjetivos derogatorios en contra de aquellos que defienden una causa. La pregunta que hay que hacerse es: "¿qué es peor, algunas semanas de incomodidades o seis años de un gobierno ilegítimo?", que si se da va a ser la herencia que nos va a dejar el Presidente más incompetente que ha tenido México en su historia.
TEPJF: última llamada
La Jornada, Editorial del Martes 5 de septiembre de 2006
Se espera que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dé a conocer en el curso de hoy su veredicto final sobre las elecciones del pasado 2 de julio. En las semanas transcurridas desde los comicios, los márgenes de acción de los magistrados que integran esa instancia se han estrechado, no sólo por la polarización político, sino por las decisiones cortas e insuficientes del propio tribunal, hasta el punto de que sólo tienen dos salidas: o declaran válida la elección presidencial y ratifican en lo general los dudosos resultados del Instituto Federal Electoral (IFE), o anulan los comicios. La actuación previa del TEPJF pareciera indicar que se inclinarán por lo primero.
Con todo, sería lamentable que la instancia judicial cerrara los ojos ante el cúmulo de irregularidades del proceso, los indicios de manipulación en los conteos emitidos por el IFE, la patente parcialidad de esa institución, así como las injustificables e ilegales intromisiones de la Presidencia de la República y grupos empresariales en las campañas políticas. Tales factores deberían bastar para solventar, en términos formales, una declaración de nulidad.
Pero más allá de las formas, en el fondo es necesario formular la siguiente consideración: si los procesos electorales son un mecanismo para que la sociedad resuelva sus diferencias políticas en forma institucional y pacífica, para que la ciudadanía concilie sus contrastes ideológicos y para que el país refrende o rectifique la confianza en sus dirigentes, es obligado concluir que los comicios del pasado 2 de julio no cumplieron con tales propósitos.
Por el contrario, dejaron una nación fracturada y unas instituciones sometidas a grave descrédito, y terminaron de demoler la credibilidad del grupo gobernante y en general de la clase política, si bien la Presidencia foxista había hecho buena parte de ese trabajo.
Validar jurídicamente un proceso comicial desastroso y catastrófico, privilegiar las formas procesales e ignorar la sustancia del problema sería una forma trágica de confirmar la insensibilidad, la ceguera y la inoperancia de las instituciones democráticas.
Si el TEPJF se negara a dar por buena la elección, un segmento importante de la sociedad percibiría que no están cerrados todos los caminos institucionales para por ejemplo dejar atrás el modelo económico que se aplica en el país desde hace tres sexenios, sanear el aparato de la administración pública, corregir las inadmisibles desigualdades sociales o combatir la impunidad y la corrupción desde su principal bastión: el poder público.
En cambio, si la instancia judicial opta por validar con su fallo inatacable y, por ende, irremediable el resultado de una manifiesta connivencia entre la Presidencia, el partido en el poder, el IFE y núcleos bien identificados de poder económico y mediático, estará enviando por lo menos a un tercio de los electores un mensaje inequívoco: no hay forma de esclarecer los resultados electorales turbios; no hay tampoco manera de corregir las distorsiones que sufrió la voluntad popular, y no existe, en consecuencia, posibilidad alguna de introducir cambios en el quehacer nacional mediante la participación ciudadana en los procesos electorales.
De la decisión que adopte el TEPJF dependerá que el jueves el país amanezca menos crispado o despierte en medio de una polarización creciente. Más grave aún: no habrá ya instancias institucionales para hallar una solución. Cabe esperar que los magistrados asimilen el tamaño de su responsabilidad y las consecuencias de su determinación, y que esta vez actúen con la mirada puesta en el texto legal, aunque sin perder de vista la perspectiva nacional, la necesidad de preservar la paz social y la credibilidad del Estado.
La Jornada, Miércoles 30 de agosto de 2006
La calificación y el tribunal
Carlos Montemayor
Antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante numerosas décadas los nuevos legisladores se erigían en colegio electoral para calificar las elecciones organizadas por el propio gobierno federal, en las que ellos habían resultado ganadores. Al finalizar el siglo XX la sociedad mexicana se propuso crear dos instituciones que de manera independiente y autónoma se ocuparan, una de ellas, de la organización de los comicios y, la otra, de la calificación de éstos, con el fin de terminar con la inercia de las elecciones de Estado, manipuladas o sometidas al control de los intereses del poder en turno.
Era necesario que los magistrados del tribunal electoral recordaran ese propósito básico de su origen, para que después tomaran en cuenta dos principios más de la historia propia del derecho: el bien común y la ahora cada vez más remota noción de justicia. No olvidemos que antes de la creación del IFE y del TEPJF se afirmaba siempre que las elecciones eran legales. Y en efecto eran legales, pero no legítimas; eran legales, pero no justas; eran legales, pero no equitativas. Regresar ahora al concepto de lo legal, que haga a un lado el propósito original de las nuevas instituciones electorales, empobrece la visión de la legalidad y oscurece la noción de legitimidad. Apegarse a la ley sin los propósitos que sustentan o deben sustentar en sus fundamentos a la ley misma y a la acción de los jueces mismos no puede consolidar la naturaleza esencial para las que fue creado el tribunal. Es decir, los magistrados tuvieron en sus manos no solamente la posibilidad de legitimar las elecciones presidenciales (no legalizarlas, que no es igual), sino legitimar la acción y sentido del tribunal mismo.
El IFE y el TEPJF debían asegurar que los procesos electorales no gravitaran ya en función del poder político en turno, decíamos. Pero los consejeros actuales del IFE demostraron con creces su parcialidad. Cuadros del viejo sistema político mexicano demostraron, también con creces, su disposición renovada a seguir confundiendo la democracia electoral con el control de los procesos electorales.
Faltaba sólo conocer el desempeño del tribunal como última instancia. El recuento de más de 11 mil casillas planteó al TEPJF dos posibles caminos, ambos legales pero de diferente profundidad y perspectiva. Uno, que al parecer prefirieron asumir los magistrados como único, reducir su valoración al ajuste aritmético del recuento de votos. Desde esta perspectiva, todas las alteraciones posibles, intencionales o no, se reducirían al ajuste aritmético de los errores detectados. La suma y la resta aritmética como medida de valoración es un camino legal, cierto, pero no el único. Sobre todo cuando el magistrado presidente expresó que "si no se invocan hechos para configurar una hipótesis de la ley, el juzgador no es investigador, no es fiscal que deba estar investigando hechos en la calle o con la gente. Tiene que partir sobre la base de los hechos que invocan las partes, el actor especialmente".
Cierto, no le faltó razón al magistrado presidente. Sobre todo con la explicación que agregó el magistrado José de Jesús Orozco: "los justiciables saben que sus pronunciamientos de carácter político, por legítimos que sean, deben traducirse en términos legales y probatorios para que sean viables. Ese es el sentido de la judicialización de la política: resolver conforme lo dispone el derecho".
De acuerdo. Otra vez de acuerdo. Sin embargo, llama la atención que en la resolución hayan insistido en adjudicar las inconsistencias en las actas al error aritmético y explicar que "el dolo es una conducta activa que lleva implícito el fraude o el engaño. El dolo no se puede presumir, sino acreditar (...) Existe presunción de que la actuación de funcionarios de casilla es de buena fe y conforme a derecho".
Precisamente en ese particular sentido fueron insuficientes las exposiciones doctrinales y procesales del tribunal. Porque, en efecto, la otra opción, también legal, era la valoración del tipo de errores aritméticos detectados que pudieran sugerir o revelar un error sistemático.
La posibilidad de un error sistemático puede comprobarse más efectivamente que la actitud subjetiva del dolo. Un error sistemático es susceptible de asimilarse al dolo, por supuesto, pero también a otros conceptos: fraude, control estadístico, manipulación estadística, programas estadísticos selectivos, mecanismos todos que no tienen que ver con "el dolo" de los funcionarios de casillas, sino con la organización del conteo de los comicios donde los ciudadanos no participan. Los magistrados, como no son investigadores en la calle ni fiscales, prefirieron reprobar en derecho a los abogados del PRD y argumentar, como los apologistas del IFE, que el cómputo oficial es resultado de la buena fe de los ciudadanos que participaron en las casillas y que por tanto ese cómputo no debía calificarse desde una perspectiva que no fuera aritmética.
La estadística es una herramienta muy importante para que cualquier gobernante tenga acceso a la información detallada de las variables sobre economía, demografía y de cualquier tipo que le permita tomar decisiones en bien de sus gobernados. También es útil para empresarios y científicos. Pero los datos estadísticos pueden ser mal interpretados o utilizarse tendenciosamente para sustentar conclusiones falsas. En ese sentido, el análisis de una muestra es fundamental para la obtención de resultados válidos, y generalmente el problema se centra en calcular el menor tamaño posible de la muestra para obtener resultados significativos dentro de un intervalo de confianza. En el caso de la muestra de más de 11 mil casillas, hubo más de 60 por ciento de errores de conteo e imprecisiones. Por extrapolación, la gran mayoría de las casillas se encontrarán en las mismas condiciones.
Lo grave de este asunto no son los errores propiamente aritméticos, sino la reiteración sistemática de casillas donde hay más boletas de las que se dispuso para ellas o más votos de los ciudadanos empadronados, o menos sufragios pero sin boletas no usadas. La incidencia de ese tipo de errores no son aritméticos, insisto; son señales de errores en el sistema. No haber tomado en cuenta esos "errores", no valorarlos como errores sistemáticos, es un grave error jurídico del TEPJF. No sólo histórico o político, sino de valoración jurídica. Debemos aceptar, sin embargo, que ese grave error no podemos aducirlo como prueba del dolo de los magistrados, sino, por decir lo menos, sólo de su candidez. Candidez legal, por supuesto, pero candidez sobre todo. Justo lo que en el pasado electoral de México, a lo largo de numerosas décadas, se pedía a los ciudadanos en cada jornada electoral manipulada: candidez.
Tribunal de barandilla
La Jornada, Editorial del Martes 29 de agosto de 2006
En su sesión de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) repitió, en esencia, los argumentos esgrimidos por el panismo gobernante y sus aliados intelectuales para descalificar la mayoría de las impugnaciones interpuestas por la coalición Por el Bien de Todos ante esa instancia judicial. Las voces del continuismo habían adelantado, en efecto, que los partidarios de Andrés Manuel López Obrador fueron incapaces de destacar representantes en todas las casillas y de vigilar de manera adecuada los comicios un hecho que es cierto y cuya responsabilidad recae en los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia y que la coalición opositora presentó con fallas de tiempo y forma sus quejas y los elementos de prueba de las irregularidades las que fue posible documentar registradas en la elección presidencial del 2 de julio.
Al dar prioridad a los formalismos procesales por encima de la cuestión de fondo, que es una elección adulterada por la desembozada injerencia gubernamental y empresarial en el proceso, por el cúmulo de manoseos documentados de la papelería electoral y por el comportamiento desaseado del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el TEPJF renunció a su condición de instancia constitucional, abdicó de su potestad para resolver el conflicto en curso y privó al país de una solución institucional a una fractura nacional que se ahonda día tras día.
Este fallo, no hay que olvidarlo, fue precedido por el rechazo del tribunal a efectuar un recuento general de los sufragios emitidos el 2 de julio, una medida que habría permitido dar certidumbre a los resultados, subsanar el injustificable mal desempeño del IFE y dar paso, a fin de cuentas, a un gobierno legitimado por votos bien contados. Pero, en la medida en que dio un peso mayor a supuestas deficiencias formales de las impugnaciones que a las clamorosas pruebas de manipulación de los resultados, el tribunal cerró las puertas al esclarecimiento, dejó intactas las inconformidades generadas por las cifras oficiales e impidió verificar el sentido del veredicto popular emitido en las urnas a principios del mes pasado. Dicho sea de paso, el candidato oficial a la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, al negarse a respaldar la demanda de un recuento de los votos uno por uno, perdió la oportunidad de ratificar un triunfo que resulta, ahora, incierto y dudoso, y que no le da el margen requerido para conformar un gobierno aceptado por el conjunto de la ciudadanía.
El TEPJF limitó la revisión de los paquetes electorales al nueve por ciento de las casillas y el recuento subsiguiente llevó a la anulación de 237 mil 736 sufragios; si se proyecta esa cifra al total de los paquetes, podría haber en ellos más de dos millones de votos no válidos, un margen muy abultado si se considera que, según las cifras oficiales, la diferencia entre los dos candidatos más votados es de menos de 250 mil sufragios. Más allá de los tecnicismos de barandilla, los magistrados del TEPJF debieron tener en mente que, con semejantes números, un nuevo conteo podía modificar los números presentados por el IFE hasta el punto de revertir la ventaja dada por ese instituto a Calderón Hinojosa. Habría quedado, como último recurso institucional, la anulación de la elección. Pero es más que improbable que, una vez descalificadas las impugnaciones de los lopezobradoristas, el tribunal resuelva en ese sentido.
Lo cierto es que la máxima autoridad electoral del país ha justificado, con argumentos de burocracia judicial, la negativa a validar y transparentar el veredicto ciudadano y a dar certidumbre a la elección, y que en ello ha coincidido con el grupo gobernante y sus adeptos y con el designio urdido en las más altas esferas del poder económico y político de cerrar a cualquier precio el acceso de la izquierda a la Presidencia de la República. Las vías institucionales están a punto de agotarse, pero el conflicto dista mucho de estar resuelto. Por el contrario, los fallos emitidos ayer por el TEPJF ahondan y agravan la polarización ciudadana.
Asamblea Universitaria (9 de septiembre)
Hacia la Convención Nacional Democrática
(Invitación a la Asamblea Universitaria del sábado 9 de septiembre, redactada antes del fallo del TEPJF)
Estamos a unos días de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convalide la imposición de un Presidente de la República ilegítimo; a unas horas de que se consume el Fraude Electoral más denunciado y documentado ocurrido en nuestro país; a unos minutos de que el Presidente Vicente Fox, quien ha traicionado la democracia, rinda su informe de gobierno. Esto nos permite vislumbrar un futuro ominoso para nuestro país.
Frente a ello, quienes coincidimos en que es necesario combatir la pobreza de millones de mexicanos y reducir la desigualdad social que vivimos; quienes estamos dispuestos a defender nuestros recursos naturales y a evitar la entrega del Petróleo y la Electricidad a manos privadas; quienes consideramos que la seguridad social, la educación de calidad y la salud son derechos irrenunciables. En fin, quienes deseamos vivir la democracia a través del respeto a los derechos ciudadanos y del reconocimiento del derecho a la información veraz y oportuna, estamos convocando a los maestros, investigadores y universitarios en general, a la realización de una Asamblea Popular Universitaria con el objeto de nombrar a los Delegados Efectivos a la Convención Nacional Democrática que habrá de realizarse el 16 de septiembre de 2006, en el Zócalo de la ciudad de México.
Los delegados recogerán y llevarán consigo, las propuestas y resoluciones que determine la asamblea en torno a las formas en que impulsaremos la renovación de las instituciones civiles de nuestro país para ponerlas al servicio del pueblo. En particular, ellos abordarán la forma en que nos organizaremos para combatir la imposición y acabar con la corrupción e impunidad de quienes se han apoderado de las instituciones para su beneficio personal.
Compañero universitario, es tiempo de definiciones. Por ello, te invitamos a participar y contribuir con tus ideas acerca: del tipo de universidad que Sonora necesita; del impulso que se debe dar a la investigación científica y social en el estado; de los planes que permitan usar racionalmente nuestros recursos tales como el agua y los energéticos. Tu contribución a la Convención es importante.
La cita a la Asamblea Popular Universitaria es para el día 9 de septiembre de 2006, a las 10:00 hs, en el Auditorio “Manuel Rivera Zamudio”. Extiende esta invitación a tus compañeros y colegas.
SUFRAGIO EFECTIVO
NO IMPOSICION
