Oposición al Fraude

Todos los sábados a las 19:00 horas se organizan actividades culturales en la Plaza Emiliana de Zubeldía.

Programa del sábado 30 de Septiembre:

JORNADAS POR LA CULTURA DEMOCRÁTICA

Plaza Emiliana de Zubeldía, 7 de la tarde

Sábado 30 de Septiembre

Programa

1.- Malik Peña con un solo de violín y/o guitarra (interpretará dos piezas) 2.- "La Casquivana" obra corta con Vera Lucero y Julia Zamudio, 3.- Audiovisual de la Convención Nacional Democrática 4.- Grupo Víctor Sixta (ska)

La Jornada, Jueves 7 de septiembre de 2006

Alta afluencia, a 8 días de que se iniciaron las inscripciones, informa el PRD-DF

Suman cientos de miles las personas registradas a la convención del día 16

Acuden estudiantes, obreros, profesionistas, campesinos, amas de casa, jubilados...

ERIKA DUARTE Y ROCIO GONZALEZ

Ayer, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se congregaron a lo largo de los campamentos ubicados del Zócalo a la fuente de Petróleos, para participar en los preparativos de la Convención Nacional Democrática (CND), sobre todo en lo referente al registro de los delegados que acudirán en representación del Distrito Federal.

Desde las primeras horas de la mañana, estudiantes, obreros, profesionistas, campesinos, amas de casa y personas jubiladas, provenientes de diversas zonas de la ciudad y del país, acudieron a inscribirse. Fue el caso de la señora Cristina Valle, quien radica en el estado de Oaxaca y vino a la capital con ese objetivo.

Dijo estar dispuesta a regresar el día 16 para participar en la convención, "porque ya no es posible seguir como vamos, con tanta pobreza, injusticia y desigualdad, y con instituciones que sólo favorecen a los privilegiados", expresó con voz firme.

Molesta por el reciente fallo del tribunal electoral, la mujer, ataviada con un huipil, expresó: "siempre ha sido lo mismo, fraude tras fraude, desde que el PRI estaba en el poder. El que acabamos de ver ya lo tenían preparado desde antes de las elecciones. Ya estamos cansados, pero qué bueno que la gente ya está abriendo los ojos. Ya basta", agregó tras recoger su gafete que la acredita como delegada.

Sin distingos de edad, clases sociales y ocupaciones, quienes simpatizan con el movimiento de resistencia civil acuden a los módulos y exponen las razones que los llevan a ser parte de la convención, como Mariana Martínez Velasco, de 15 años, quien dijo que participa porque "gobernantes como Andrés Manuel son los que requiere este país, sobre todo la gente más pobre y necesitada".

La joven señaló que en su colonia, Parajes de Buenavista, en la delegación Iztapalapa, "vivíamos en condiciones de marginalidad, no había ni calles pavimentadas, pero López Obrador nos ayudó mucho y ahora contamos con servicios públicos. Mucha gente que no tenía ni para comer ahora puede mandar a sus hijos a la escuela; por ejemplo, en mi caso, gracias a él puedo continuar con mis estudios".

Según los representantes de las mesas de inscripción, sólo en uno de los módulos ubicados en la calle Madero se registraron unas 4 mil personas en menos de 24 horas.

"Podrán nombrar un presidente legítimo"

Bárbara Ordóñez, una de las activistas, indicó que conforme se acerca la fecha para el encuentro aumenta la afluencia de registros, debido a que "ahora ya tienen más claros los fines de la convención. Ya saben que como delegados van a tener voz y voto en las decisiones que se tomen, y podrán nombrar a un presidente legítimo, si esa fuera la decisión. Es similar a emitir un voto, sólo que esta vez su voluntad sí será respetada".

Agregó que los momentos de mayor demanda de inscripción son después de la asamblea informativa de Andrés Manuel López Obrador, cuando la gente se siente más motivada.

A ocho días de que se abrió la convocatoria, cientos de miles de personas se han inscrito para participar en la jornada del 16 de septiembre, indicó el dirigente del PRD-DF, Martí Batres Guadarrama, quien explicó que se prevé ocupar 32 calles del Centro Histórico, una para cada entidad federativa, mientras que en la explanada del Zócalo se ubicará a la población vulnerable: adultos mayores, indígenas y personas con capacidades especiales.

Tras señalar que el próximo día 10 se realizará otro corte para conocer el padrón de la convención, Batres Guadarrama indicó que incluso el mismo sábado 16 los módulos de registro estarán abiertos para incluir a quienes decidan inscribirse el último día. Agregó que una vez que se expongan los temas a tratar durante la CND, se podrán dar a conocer los resolutivos el mismo día, o bien declararse en sesión permanente o convocar a otra plenaria.

Presidente Maquío
Su gabinete

Enrique Galván Ochoa

La presidencia y el gabinete alternos de El Maquío Clouthier fueron efímeros. Actuaron del 23 de febrero al primero de octubre de 1989, cuando ocurrió la misteriosa muerte del aspirante presidencial panista. Un tráiler embistió al vehículo en que viajaba por una carretera del norte del país. En ese medio año, el presidente Maquío -así lo llamaban sus partidarios- y su gabinete habían puesto en apuros al oficialmente electo Carlos Salinas de Gortari, a quien calificaban de usurpador. El Maquío por su lado y Cuauhtémoc Cárdenas por otro -aquél Cuauhtémoc, no el de ahora- evidenciaron con sobradas pruebas el fraude electoral oculto en la frase de Manuel Bartlett: "se cayó el sistema". La prensa salinista condenaba la resistencia civil panista como "subversiva" y al mismo Maquío lo acusaba de fraguar una "traición a la patria". Luis H. Alvarez había tomado la protesta a los rebeldes con estas palabras: "Señores miembros del Gabinete Alternativo del Partido Acción Nacional: ¿prometen reflexionar, comunicar y actuar con base en los principios y estatutos del partido, a la luz de sus plataformas políticas, para bien de México?". Debo a mi compañera de redacción, Mireya Cuéllar -autora del libro Los panistas- un dato que cobra relieve hoy: la integración del gabinete de El Maquío:

Maquío Clouthier Presidente de la República y coordinador del gabinete
Diego Fernández de Cevallos Política Interior
Jesús González Schmal Política Exterior
Fernando Canales Clariond Infraestructura, Servicios y Empresas Paraestatales
Francisco Villarreal Torres Derechos Humanos
Rogelio Sada Zambrano Política Económica
Carlos Castillo Peraza Política Educativa y Cultural
María Elena Álvarez Bernal Política Social
Moisés Canale Salud y Ecología
Vicente Fox Quesada Política Agropecuaria
Luis Felipe Bravo Mena Secretario Técnico

¿Qué ha sido de ellos?

Carlos Castillo Peraza ya falleció, fue el mentor de la juventud de Felipillo. Me dicen que el empresario juarense Francisco Villarreal Torres también dejó de existir. Luis Felipe Bravo Mena forma parte del gobierno foxista, es el embajador en el Vaticano. Jesús González Schmal ya no forma parte del PAN, está concluyendo su gestión como diputado de Convergencia y ha sido un implacable fiscal de los hijos de la señora Marta. Por otro lado, Rogelio Sada Zambrano fue alcalde de San Pedro Garza García, diputado federal y funcionario de la Contraloría. Fernando Canales Clariond pertenece al gabinete, pero ya no al de El Maquío, sino al de Fox: es el secretario de Energía, después de haber sido de Economía. El Matapapas Fernández de Cevallos ha hecho fortuna: esta semana dejará de ser senador y tal vez será incorporado al gabinete para que siga teniendo fuero, dicen que debe muchas. Y Vicente Fox es quien se llevó el gato al agua, sobran los comentarios.

Cambio de piel

¿Y qué pasó después de la muerte del presidente Maquío? El suceso marcó un quiebre importante en la vida del PAN. Dejaron el camino de la rebeldía y comenzaron el de la corrupción. Chorejas cautivó al Matapapas, al extremo que el ex secretario del interior fue quien dio el cerillazo para que fueran quemadas las boletas del fraude electoral. Luego vino el arreglo en lo oscurito por los gobiernos de Guanajuato y Baja California. Tiempo después, el mismo Matapapas se dejaría ganar la Presidencia por Zedillín, según ha lamentado don Vicente MegaSpot. Pero la gran concertacesión prianista fue la del Fobaproa: Felipillo torció los tres "no" que había acordado el panismo nacional reunido en Puerto Vallarta -no al Fobaproa, no a la impunidad, no a la conversión de las pérdidas de los banqueros en deuda pública- y el partido que presidía avaló el fraude junto con el PRI. ¿Saldos? El PRI ha perdido todo, o casi. El dinosaurio abandonó su encarnación tricolor y rencarnó en azul. Sigue lleno de vida y salud. Aunque hace seis años algunos ingenuos lo dieron por muerto, ya va a cumplir más de 80 años en el poder.

Pregunta incómoda:
¿No es un sarcasmo que hoy el PAN llame subversivo a El Peje cuando anuncia que el 16 de septiembre la Convención Nacional Democrática podría designar a un presidente y su gabinete alterno?

La Jornada, Viernes 8 de septiembre de 2006

Oposición en la realidad
Luis Villoro

Con su fallo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no estuvo a la altura que esperábamos. Desoyó las voces indignadas de muchos ciudadanos. Todos esperábamos un fallo equitativo que diera satisfacción a las demandas de revisión presentadas por la coalición. Pero la indignación no basta. ¿Cuál sería la respuesta adecuada frente al fallo?

La mejor respuesta no debería reducirse a la actual coyuntura electoral. Debe abrir un camino, vigente para un largo plazo. Este debe basarse en la necesidad de avanzar colectivamente hacia un proyecto nuevo de nación definitivo, desde abajo y por la izquierda. El movimiento zapatista ha tenido razón. El presidentalismo es un sistema caduco. Igual lo es la democracia representativa basada únicamente en los partidos, la "partidocracia". Habría que avanzar hacia formas de democracia "participativa" y aun "comunitaria", más allá de los partidos. Pero, ¿cómo lograrla?

Sólo con una oposición permanente que tendría que ser a largo plazo. Sobre todo tendría que superar el riesgo de actuar con premura, sin reflexión suficiente; sólo puede caminar con éxito si se toma tiempo. La convención nacional democrática está convocada para iniciar sus trabajos el 16 de septiembre. Pero la discusión de un proyecto nuevo de nación requiere mucho más tiempo para su debate. No puede aprobarse en un acto declaratorio en el Zócalo al calor de un discurso. Requiere de la consulta y la anuencia de delegados de toda la República. No sucumbamos a la presa; la reflexión requiere serenidad y discusión pausada.

Por esas razones, muchos no podemos estar de acuerdo con nombrar un nuevo presidente en rebeldía. Esto rompería, aunque sólo fuera simbólicamente, el orden constitucional. Para sostener una amplia y permanente oposición lo que menos necesitamos son actos provocadores. Lo que sí es necesario, pienso yo con muchos conciudadanos, es caminar hacia la paulatina realización de un nuevo proyecto de nación para el porvenir cercano. Este es el que garantizaría, a la larga, la realización, que López Obrador ya ha propuesto y con él coincide, en muchos puntos, el movimiento zapatista. Un proyecto de oposición podría seguir ciertas ideas regulativas: una nueva ley electoral; una nueva legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas; resistencia contra la privatización de los recursos naturales; lucha contra la corrupción; ampliación de la educación en todos sus niveles; lucha para disminuir radicalmente la desigualdades económicas y sociales. Una izquierda nueva podría aglutinarse, sin perder diferencias, en las líneas de un proyecto semejante.

López Obrador cuenta ya con un caudal político considerable. Quienes votamos por él tenemos la obligación de no malgastarlo en actos provocadores contraproducentes. Nuestra lucha es a largo plazo. En cambio, démosle apoyo y confianza para que pueda encabezar un proyecto de renovación radical de la República, sin violencia, dentro de la legalidad.

La Jornada, Viernes 8 de septiembre de 2006

Felipe Calderón: presidente espurio

Gilberto López y Rivas

Con justificaciones legalistas y una interpretación anodina y contradictoria del derecho, la Constitución y las leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuó conforme al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar decidieron imponer a Felipe Calderón como presidente de la República. Se consuma el "golpe de Estado técnico" o "ruptura del orden constitucional" que trastoca toda legalidad, legitimidad y credibilidad de las instituciones "democráticas" y que seguramente llevará a millones de mexicanos a continuar una resistencia cívica en proceso de construcción y de incierto futuro, pero de obligada opción por congruencia ética y política.

Se expresa así la crisis institucional que conlleva la mundialización capitalista neoliberal, con estados autoritarios y corruptos, coludidos con las redes corporativas y, en muchos casos, el crimen organizado, y con tendencias estructurales a violentar sistemáticamente sus fundamentos de legalidad y estado de derecho y, por ende, a vaciar de contenido los procesos democráticos enaltecidos por los ideólogos del capitalismo neoliberal.

Ana María Rivadeo, en su libro Lesa patria: nación y globalización (México, UNAM, 2003), describe lo que considera Estado nacional de competencia como una nueva forma del Estado autoritario. "Esta se articula en torno a una desdemocratización de las instituciones liberal democráticas, impuesta por medio del recurso de 'los hechos' que exige la competencia capitalista trasnacional. O sea, que esa desdemocratización se apoya, en lo esencial, en el vaciado, la ineficacia y la insignificancia inducidas de las instituciones liberal democráticas. Estas torsiones no involucran, sin embargo, ningún retroceso o debilidad del Estado. El Estado nacional de competencia es un vigoroso interventor, tanto en el plano económico como en las dimensiones política, social, ideológica, cultural y militar; el neoliberalismo es una doctrina exacerbadamente estatista; y el 'libre mercado' es una construcción político estatal instituida y sostenida, asimismo, por la coerción y la represión." (pp. 310-311)

Este autoritarismo se ha dejado sentir en todo el país con el creciente clima de militarización abierta y encubierta, la sistemática criminalización de la disidencia y los rumores e informaciones sobre preparación de grupos paramilitares y parapoliciacos al servicio de la represión gubernamental y la ultraderecha. Los ataques de sicarios y fuerzas de seguridad contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con su secuela de muertos, heridos y detenidos; así como las amenazas y agresiones contra adherentes de la otra campaña; los actos de formal prisión contra los dirigentes de Atenco; y las denuncias de provocaciones de las juntas de buen gobierno en Chiapas son hechos recientes de una política represiva generalizada que Felipe Calderón considera de "mano firme".

Los grupos de inteligencia del Estado, Sección Segunda del Ejército y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), andan muy activos, recabando información sobre los "grupos subversivos" y realizando algunas acciones concretas. Hace unos días, por ejemplo, se interfirió la señal de La Voladora Radio, en Amecameca, estado de México, obligándola a salir del aire en siete de los nueve municipios que cubría. Los miembros de este colectivo, adherentes a la Sexta Declaración y a la otra campaña, fueron amenazados en su integridad física y la de sus familias, en mensajes soeces que pretenden acallar esta importante voz de la radiofonía independiente. Lo mismo esta ocurriendo con la organización Jóvenes en Resistencia Alternativa, colectivos de la otra campaña en Puebla y en otros estados del país.

El poder que impuso a Calderón está subestimando la reacción de importantes sectores del pueblo mexicano y pretende que el desgaste y las campañas mediáticas se harán cargo de la oposición contra la Presidencia impuesta. Sin embargo, existen al menos cuatro formas político-organizativas que plantean una lucha frontal contra el gobierno en ciernes: 1) Un movimiento ciudadano de corte democrático popular bajo la conducción de AMLO y apoyado por la estructura burocrática, de gobierno y representación parlamentaria de los partidos de la coalición Por el Bien de Todos. 2) La "comuna de Oaxaca" que se origina en una movilización gremial y ante la represión del gobernador, se transforma en una experiencia de gobierno popular con representación de diversos sectores sociales y de los pueblos indios, con un alcance histórico todavía no valorado en todas sus dimensiones por la simultaneidad con el movimiento cívico. 3) El EZLN y la otra campaña, que pasan por momentos de debate y definición, pero que representan una fuerza política cuyos fundamentos descansan en las experiencias de los procesos autonómicos del "mandar obedeciendo" y que intenta desde una perspectiva anticapitalista establecer un polo popular nacional que logre la hegemonía de un poder constituyente; y 4) Los grupos armados con un proyecto socialista y una estrategia de guerra popular prolongada que implica acumulación de fuerzas, autodefensa y sobrevivencia hasta alcanzar el poderío suficiente para una fase nacional ofensiva. Probablemente, cada movimiento siga sus propios derroteros, o en un momento dado mantengan coincidencias puntuales. Lo importante es la conciencia creciente de que las cosas no pueden seguir como están y que hay situaciones extremas que un pueblo no puede tolerar. ¡No al presidente fraudulento!

La Jornada, Jueves 7 de septiembre de 2006

¿Consummatum est?

Octavio Rodríguez Araujo

Dice la leyenda que estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, pero sin interrogación. Lo que en español quiso decir, siempre siguiendo la leyenda y el Evangelio de San Juan, fue que todo se había acabado, que todo se había cumplido. El empleo de estas palabras suele ser a propósito de un desastre y de un gran dolor. La interrogación la uso para preguntar si de verdad todo se acabó. Aunque el desastre y el dolor sí existen, como se prueba con algunas fotografías de gente que ingenuamente quiso creer en las instituciones, pienso que no, que en realidad todo empieza ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió torpemente que Felipe Calderón Hinojosa sea el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Dije "torpemente" pues en sus propias explicaciones llevaba la contradicción de sus conclusiones. Los sabios del tribunal, siguiendo una consigna más que la razón y el entendimiento, cayeron en sus propias trampas, al igual que el niño cuando miente y trata de que le crean. Después de señalar que el presidente Fox puso en riesgo la elección, que el Consejo Coordinador Empresarial tuvo injerencia en el proceso electoral, que hubo irregularidades en los comicios, que el IFE no actuó como debía, después de reconocer todo esto, declaró que nada de eso probaba que la elección y su proceso previo hubieran sido ilegales; sólo un poquito, les faltó añadir.

En una democracia madura, no me cansaré de repetirlo, los votos se hubieran contado en su totalidad, era la única forma de transparentar una elección bajo sospecha. No se hizo, y el tribunal no quiso hacerlo; ahora ya sabemos por qué, aunque lo sospechábamos. Pero con su actuación lo único que ha demostrado es que no sólo el Poder Ejecutivo federal sino también el Judicial fueron cómplices de un golpe de Estado ex ante (de antemano, anticipado) para evitar que López Obrador, precisamente por la vía electoral e institucional, pudiera llegar al poder. Lo que ha concluido ahora no es el proceso electoral, sino un golpe de Estado preparado, como todos los golpes de Estado, desde los aparatos del Estado mismo.

Las famosas instituciones, las que defienden desde afuera (¿que tan afuera?) los intelectuales seguidores de lo "políticamente correcto" y, desde luego, los titulares de esas instituciones que las usaron para su beneficio y el de sus amos, han demostrado empíricamente que deberán ser reformadas, si no sustituidas. El Instituto Federal Electoral, como ha quedado claro con las denuncias de varios de sus consejeros de Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán y Oaxaca, y con la valiente renuncia de Esteban Garaiz en Jalisco, por considerar que las campañas no fueron limpias ni equitativas, deberá reformarse, y sus consejeros nacionales, comenzando por Ugalde, deberán renunciar de inmediato o el Congreso de la Unión sustituirlos sin mayor trámite. Los magistrados del TEPJF se van, salvo uno, el mes que entra, pero antes deberían ser sometidos a juicio político junto con el presidente (con minúsculas) de la República.

El escarnio que los dueños de las instituciones han hecho de éstas no es cualquier cosa. Las han reducido a nada y las han puesto en la ilegalidad constitucional. Con esta sola acción, para no mencionar otras más, han invitado al pueblo de México a exigir que las instituciones le sirvan y a negarse a servirlas como han querido los gobernantes y sus paleros de los poderes Judicial y Legislativo. El Estado y no sólo el gobierno, le ha dado la espalda al pueblo de México; justo será que éste, en reciprocidad, levante la bandera de la dignidad y desconozca a las instituciones, con la Constitución en la mano.

La imposición de un presidente ilegítimo, sólo apoyado por una legalidad usada facciosamente por los facinerosos coludidos a cargo de las instituciones, sólo nos deja una salida, también legal y con amparo constitucional: la resistencia civil y la organización popular en una convención nacional democrática que impulse un nuevo país democrático en el que, por primera vez en muchísimos años, el poder sea del pueblo y para el pueblo.

Ningún mexicano bien nacido, consciente de lo que ha ocurrido y que tenga dignidad, podrá aceptar una imposición producto de un golpe de Estado anticipado, llevado a cabo desde que se quiso eliminar con el desafuero a nuestro candidato a la Presidencia. Si lo permitimos seremos cómplices de este gran atropello. El Estado mexicano ha mostrado, una vez más, su verdadera cara. Enseñémosle la nuestra. No todo se ha acabado, no estamos ante un hecho consumado: del dolor por el desastre conducido por la oligarquía política y económica surgirá la rabia, y de ésta la lucha por un México verdaderamente mejor. A diferencia de ellos, que sólo cuentan con las instituciones de las que se han burlado y con inmensos recursos económicos, nosotros contamos con un líder, con un proyecto y con un gran espíritu de lucha para enfrentarlos. Felipe Calderón no será presidente.

La Jornada, Jueves 7 de septiembre de 2006

Presidente de la República en resistencia

Martí Batres

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el fraude cometido en las casillas electorales por medio de la inyección de votos espurios. Su decisión es ilegal porque incluyó en el cómputo miles de votos fraudulentos. No es cierto que esta resolución sea legal sólo porque la dicta un tribunal. Está fuera del marco de la ley porque contradice lo que señala la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la propia jurisprudencia del tribunal. Este validó los votos sobrantes que exceden al número de votantes que aparecen en la lista nominal, con el argumento de que no alteran el resultado final de la casilla correspondiente. Al analizar las irregularidades por separado, el tribunal burla los principios de objetividad y certeza porque pretende ignorar que las irregularidades en su conjunto, por pequeñas que sean, invierten, voltean, cambian el resultado del ganador de la contienda, toda vez que la supuesta diferencia es de menos de dos votos por casilla. Esta decisión es inadmisible moral, política, histórica y jurídicamente.

Frente a la resolución ilegal del TEPJF, la respuesta inmediata de la resistencia civil y pacífica será la convención nacional democrática. La convención será la representación del pueblo en resistencia y tendrá que decidir el rumbo del movimiento y el futuro político de México. Se han puesto a discusión un conjunto de alternativas entre las que decidirá la propia convención. Por ejemplo, tendrá que decidirse si se forma un gobierno de la República o una coordinación nacional de la resistencia civil pacífica. Esto implica también decidir si se reconoce a un presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos o si la convención elige a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un coordinador nacional de la resistencia civil pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.

Considero que la convención nacional democrática debe nombrar a un presidente de la República en resistencia. La convención puede, como representación de la soberanía popular, entrar al fondo de las irregularidades que el TEPJF no resolvió, aprobar un dictamen, y en consecuencia declarar presidente de la República. No se trata de que la convención elija a un presidente. El pueblo de México ya eligió un presidente el pasado 2 de julio. Se trata de que la convención haga una declaratoria basada en la ley, en virtud de que tanto el IFE como el TEPJF renunciaron a cumplir la legalidad.

Formar una coordinación nacional para la resistencia no aportaría un hecho nuevo. En los hechos, ya hay una coordinación para la resistencia. Formalizarla podría interpretarse como la redición de otras experiencias o como la admisión de que la imposición se ha consumado y sólo resta resistirla. El movimiento tiene que ir mucho más allá esta vez y explorar caminos inéditos en la lucha política contemporánea.

Formar un gobierno paralelo, reconocer a un presidente legítimo o declarar un presidente de la República en resistencia significa un camino nuevo, pero no exento de antecedentes históricos parecidos. Ya en el siglo XIX, mientras los conservadores por medio de un golpe imponían un presidente ilegítimo en Palacio Nacional, Benito Juárez recorría el país como presidente legítimo, constitucional, de México. El episodio se repitió cuando los conservadores trajeron a Maximiliano de Habsburgo como emperador y Juárez volvió e recorrer el país. Las Leyes de Reforma fueron decretadas por Juárez en su primer recorrido por el país como presidente legítimo, mientras en Palacio Nacional estaban los conservadores. También ya la soberana Convención de Aguascalientes nombró presidentes de la República para resolver el vacío de poder derivado de la lucha contra la usurpación de Victoriano Huerta. En épocas más recientes, Manuel J. Clouthier formó un gabinete paralelo luego del fraude electoral de 1988. Después, en 1994, el movimiento democrático declaró a Amado Avendaño gobernador en rebeldía en el estado de Chiapas, ante el fraude electoral que el PRI realizó. Ya en este sexenio los zapatistas formaron las juntas de buen gobierno en Chiapas, y apenas este año se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Todos estos son ejemplos de la dualidad de poderes que se ha dado en momentos extraordinarios y con diferentes resultados en la historia nacional o regional de México.

La resolución del TEPJF no consuma el fraude electoral. Y la resistencia civil con un presidente legítimo de México a la cabeza puede lograr el restablecimiento del orden constitucional. Los mexicanos votaron para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México y ese es el desafío que tendrá que emprender la convención nacional democrática.

La historia de México da cuenta de diversos fraudes e imposiciones evitadas. Precisamente en 1991, Vicente Fox llamó a no acatar los fallos de los órganos electorales de Guanajuato: Comisión Electoral, Colegio Electoral y Tribunal Electoral, que declaraban triunfador y gobernador electo a Ramón Aguirre. Fox y su gente tomaron el aeropuerto y estrangularon carreteras como acciones de resistencia civil y lograron que Ramón Aguirre no se presentara a rendir protesta como gobernador de Guanajuato. Ese mismo año, la resistencia civil en San Luis Potosí, encabezada por el doctor Salvador Nava, impidió la entrada de Fausto Zapata al palacio de gobierno de San Luis Potosí por medio de un sentón de cientos de mujeres potosinas. Un año más tarde, en 1992, se consumó un fraude electoral en Michoacán, para despojar de su triunfo a Cristóbal Arias e imponer al candidato del PRI a la gubernatura, Eduardo Villaseñor, quien tomó posesión del cargo, lo ejerció durante algunos meses y después renunció por la presión de las movilizaciones. Si hay decisión de los dirigentes y respuesta del pueblo, Felipe Calderón no llegará a tomar posesión del cargo de presidente de la República o en el camino quedará como un presidente patito, rebasado por la realidad política de México.

La burla

La Jornada, Editorial del Miércoles 6 de septiembre de 2006

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló ­en las dos acepciones de la palabra­ y convirtió en verdad jurídica la validez de las elecciones presidenciales celebradas el 2 de julio, con base en inciertos resultados presentados por el Instituto Federal Electoral (IFE). En términos jurídicos la resolución es inatacable, por más que haya sido un ataque, ella misma, a la inteligencia de los ciudadanos: en vez de colocarse al margen de las posturas partidarias, así como de las presiones gubernamentales y empresariales, y fundamentar su juicio en una visión de Estado, los magistrados optaron por chapotear en los alegatos facciosos y por incursionar en la feria de descalificaciones; así, en vez de impartir justicia, tomaron partido; lejos de velar por la vigencia de las instituciones, terminaron por marginarlas de la actual crisis política; en vez de proponer soluciones a la grave polarización que vive el país, decidieron acentuarla.

Las argumentaciones de los integrantes de la Sala Superior son un repaso de las menudencias de la elección ­el dictamen se mete hasta con la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en el primer debate entre candidatos­, impresentable no sólo por su incongruencia, que conjunta el reconocimiento de irregularidades graves con una declaratoria, pese a todo, de validez, sino también porque el "cómputo final" que arguye no es tal, sino ­en sus nueve décimas partes­ el impugnado cómputo inicial fabricado por el IFE en la semana posterior a la elección, caracterizado por desaciertos, si no es que desaseos, que anularon las condiciones exigidas por el precepto constitucional (artículo 41), de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En suma, la Sala Superior del TEPJF faltó a su deber de desempeñarse como un tribunal constitucional, responsable de velar por la integridad de la República y sus instituciones, y se enzarzó en un pleito de barandilla para descalificar los argumentos de la coalición Por el Bien de Todos en demanda de anular las elecciones. Con ello, los comicios han sido revestidos de legalidad ­y, por esa vía, de legitimidad, argumenta el magistrado presidente, Leonel Castillo­, pero tales acrobacias no van a persuadir a un tercio del electorado ­a decir de los números oficiales­ de que la voluntad popular fue respetada en los comicios del 2 de julio y que sus resultados la reflejan.

La incredulidad, por lo demás, tiene sólidos fundamentos, si no en la manera en que aplican las leyes quienes encabezan el tribunal electoral, sí al menos en el sentido común: las cifras finales de la elección son un misterio, y así habrán de quedarse, toda vez que el IFE fue acusado de parcialidad y el TEPJF decidió no tomarse la molestia de despejar las dudas y volver a contar los sufragios uno a uno. La consideración que debiera ser de lógica elemental ­la negativa a esclarecer incrementa necesariamente la turbiedad­ fue desechada por los magistrados electorales, quienes, con ello, cancelaron toda posibilidad de convertir el triunfo digital de Felipe Calderón Hinojosa en una derrota política de su principal adversario, y en el fundamento de un gobierno aceptado y aceptable por el conjunto de los ciudadanos.

Si la distancia entre el México oficial y el México real se ha vuelto enorme en los años del foxismo, ayer se generó un abismo entre la verdad jurídica y la verdad popular. La última palabra de las instituciones fue una negativa a resolver la confrontación política más severa y preocupante que ha vivido el país en muchas décadas; con ello se formalizó la ruptura entre el poder público y un sector de la población movilizado ahora en contra de lo que percibe como una imposición, pero cuyos agravios son más añejos, extensos y profundos: es la expresión de los de abajo, de los marginados por el modelo económico imperante, de los excluidos de las decisiones, de los principales afectados por el vasto latrocinio gubernamental, de los discriminados, de las víctimas de la arrogancia del poder, de los nacos de siempre.

Ellos, ante el enorme juego de simulaciones puesto en marcha por los poderes político, empresarial y mediático, hoy más que nunca perciben como palabras huecas las frases oficiales del momento sobre institucionalidad, democracia, legalidad, legitimidad, equidad, transparencia y pluralismo. Razones les sobran, pero los órganos del Estado, a su vez, decidieron no escucharlas. Una vez más, han sido burlados.

Felipe Calderón Hinojosa fue declarado presidente electo. Cabe preguntarse ahora sobre qué bases podrá construir su presidencia.

La Jornada, Martes 5 de septiembre de 2006

El fraude

René Drucker Colín

El día de hoy, la situación política que vive el país gira alrededor del asunto de si hubo fraude o no en el proceso electoral. Andrés Manuel López Obrador está convencido de que hubo un fraude que le impide ser el Presidente legítimo de este país. Desde luego, aquellos que apoyan al candidato del PAN lo niegan, y buscan a como dé lugar procurar que el movimiento de resistencia civil se desgaste y se desprestigie. Los argumentos que más gustan de usar son que no hay pruebas del fraude y que López Obrador está enloqueciendo, pues no sabe ser perdedor, amén de muchos otros "argumentos" que más bien son insultos. Todos sabemos que cuando los argumentos están plagados de insultos es que faltan argumentos.

El problema que tenemos enfrente y que el tribunal electoral debería tomar en cuenta es cómo definimos el fraude. El diccionario tiene dos definiciones de fraude, una que dice así: "delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de (algo)", y el segundo que dice: "engaño que se hace para obtener una ventaja".

Los que alegan que no hubo fraude quieren que se les dé la fotografía del momento o acto en el cual se cometió el delito por parte del encargado de vigilar (aquí el IFE). Si no existe esa prueba contundente, entonces para ellos no hubo fraude y, por lo tanto, la elección fue limpia, aun cuando hubiera habido "algunas irregularidades". Lo que desde luego nunca van a admitir es el engaño de todo el aparato del Estado que les permitió obtener a la vista una ventaja. El fraude, pues, está en el proceso electoral. El diccionario señala que la palabra proceso significa "método seguido para alcanzar un fin". En este caso, el método que se siguió para imponer al candidato del PAN fue largo (duró más de dos años) y tuvo no sólo el apoyo de Los Pinos y su presupuesto, sino también el de los medios de comunicación y, a final de cuentas, del propio IFE, quien no hizo lo que debió hacer por ley, al no anular las campañas de odio y descalificación que se plasmaron a lo largo y ancho del país. El fraude, pues, estuvo en el método que se usó para alcanzar el fin de evitar que López Obrador llegara a la Presidencia. De eso existen innumerables evidencias.

En general, cualquier acto ilegal o inadecuado tiene consecuencias generalmente negativas hacia aquellos que las cometen, y luego afecta a terceros. El fraude, desde luego, tiene consecuencias, y ahora las estamos viendo. La primera y más grave es que la sociedad mexicana está ahora más dividida que nunca. Segundo, se está creando una crisis social de enormes dimensiones, y junto con esto una crisis política cuyos alcances aún desconocemos. Todo esto se gestó gracias a la enorme y lacerante incompetencia de Vicente Fox y su gabinete. No contento con haber aumentado los índices de pobreza, afectar a niveles preocupantes la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, haber provocado que México descendiera a los niveles históricos más bajos en competitividad, haber provocado que la economía mexicana dependiera cada vez más de las remesas de los migrantes por falta de empleos, haber impulsado la peor política exterior de la que se tenga memoria, siempre genuflexo ante Estados Unidos, utilizó el aparato del Estado para entrometerse en el proceso electoral, cuyo desenlace es que se generara una de las crisis políticas más graves en la historia reciente de este país. Desde luego que el fraude se dio, aun cuando no se tenga la fotografía del instante preciso en el que ocurrió.

Ese proceso, ese método que se usó para alcanzar la finalidad de no dejar que Andrés Manuel López Obrador llegase a la Presidencia, es la causa de la resistencia civil. Los insultos, las denostaciones y la manipulación mediática que se han desatado en contra del candidato de la coalición y de los que día a día están en la resistencia, no hacen más que agravar los conflictos entre mexicanos. Lo más sensato sería razonar, procurar entender las causas por lo que está generándose la resistencia civil, en lugar de señalar que el movimiento "me afecta a mí", "no me gusta", "se ve feo" y, peor aún, utilizar adjetivos derogatorios en contra de aquellos que defienden una causa. La pregunta que hay que hacerse es: "¿qué es peor, algunas semanas de incomodidades o seis años de un gobierno ilegítimo?", que si se da va a ser la herencia que nos va a dejar el Presidente más incompetente que ha tenido México en su historia.

TEPJF: última llamada

La Jornada, Editorial del Martes 5 de septiembre de 2006

Se espera que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dé a conocer en el curso de hoy su veredicto final sobre las elecciones del pasado 2 de julio. En las semanas transcurridas desde los comicios, los márgenes de acción de los magistrados que integran esa instancia se han estrechado, no sólo por la polarización político, sino por las decisiones cortas e insuficientes del propio tribunal, hasta el punto de que sólo tienen dos salidas: o declaran válida la elección presidencial y ratifican en lo general los dudosos resultados del Instituto Federal Electoral (IFE), o anulan los comicios. La actuación previa del TEPJF pareciera indicar que se inclinarán por lo primero.

Con todo, sería lamentable que la instancia judicial cerrara los ojos ante el cúmulo de irregularidades del proceso, los indicios de manipulación en los conteos emitidos por el IFE, la patente parcialidad de esa institución, así como las injustificables e ilegales intromisiones de la Presidencia de la República y grupos empresariales en las campañas políticas. Tales factores deberían bastar para solventar, en términos formales, una declaración de nulidad.

Pero más allá de las formas, en el fondo es necesario formular la siguiente consideración: si los procesos electorales son un mecanismo para que la sociedad resuelva sus diferencias políticas en forma institucional y pacífica, para que la ciudadanía concilie sus contrastes ideológicos y para que el país refrende o rectifique la confianza en sus dirigentes, es obligado concluir que los comicios del pasado 2 de julio no cumplieron con tales propósitos.

Por el contrario, dejaron una nación fracturada y unas instituciones sometidas a grave descrédito, y terminaron de demoler la credibilidad del grupo gobernante y en general de la clase política, si bien la Presidencia foxista había hecho buena parte de ese trabajo.

Validar jurídicamente un proceso comicial desastroso y catastrófico, privilegiar las formas procesales e ignorar la sustancia del problema sería una forma trágica de confirmar la insensibilidad, la ceguera y la inoperancia de las instituciones democráticas.

Si el TEPJF se negara a dar por buena la elección, un segmento importante de la sociedad percibiría que no están cerrados todos los caminos institucionales para ­por ejemplo­ dejar atrás el modelo económico que se aplica en el país desde hace tres sexenios, sanear el aparato de la administración pública, corregir las inadmisibles desigualdades sociales o combatir la impunidad y la corrupción desde su principal bastión: el poder público.

En cambio, si la instancia judicial opta por validar ­con su fallo inatacable y, por ende, irremediable­ el resultado de una manifiesta connivencia entre la Presidencia, el partido en el poder, el IFE y núcleos bien identificados de poder económico y mediático, estará enviando por lo menos a un tercio de los electores un mensaje inequívoco: no hay forma de esclarecer los resultados electorales turbios; no hay tampoco manera de corregir las distorsiones que sufrió la voluntad popular, y no existe, en consecuencia, posibilidad alguna de introducir cambios en el quehacer nacional mediante la participación ciudadana en los procesos electorales.

De la decisión que adopte el TEPJF dependerá que el jueves el país amanezca menos crispado o despierte en medio de una polarización creciente. Más grave aún: no habrá ya instancias institucionales para hallar una solución. Cabe esperar que los magistrados asimilen el tamaño de su responsabilidad y las consecuencias de su determinación, y que esta vez actúen con la mirada puesta en el texto legal, aunque sin perder de vista la perspectiva nacional, la necesidad de preservar la paz social y la credibilidad del Estado.

La Jornada, Miércoles 30 de agosto de 2006

La calificación y el tribunal

Carlos Montemayor

Antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante numerosas décadas los nuevos legisladores se erigían en colegio electoral para calificar las elecciones organizadas por el propio gobierno federal, en las que ellos habían resultado ganadores. Al finalizar el siglo XX la sociedad mexicana se propuso crear dos instituciones que de manera independiente y autónoma se ocuparan, una de ellas, de la organización de los comicios y, la otra, de la calificación de éstos, con el fin de terminar con la inercia de las elecciones de Estado, manipuladas o sometidas al control de los intereses del poder en turno.

Era necesario que los magistrados del tribunal electoral recordaran ese propósito básico de su origen, para que después tomaran en cuenta dos principios más de la historia propia del derecho: el bien común y la ahora cada vez más remota noción de justicia. No olvidemos que antes de la creación del IFE y del TEPJF se afirmaba siempre que las elecciones eran legales. Y en efecto eran legales, pero no legítimas; eran legales, pero no justas; eran legales, pero no equitativas. Regresar ahora al concepto de lo legal, que haga a un lado el propósito original de las nuevas instituciones electorales, empobrece la visión de la legalidad y oscurece la noción de legitimidad. Apegarse a la ley sin los propósitos que sustentan o deben sustentar en sus fundamentos a la ley misma y a la acción de los jueces mismos no puede consolidar la naturaleza esencial para las que fue creado el tribunal. Es decir, los magistrados tuvieron en sus manos no solamente la posibilidad de legitimar las elecciones presidenciales (no legalizarlas, que no es igual), sino legitimar la acción y sentido del tribunal mismo.

El IFE y el TEPJF debían asegurar que los procesos electorales no gravitaran ya en función del poder político en turno, decíamos. Pero los consejeros actuales del IFE demostraron con creces su parcialidad. Cuadros del viejo sistema político mexicano demostraron, también con creces, su disposición renovada a seguir confundiendo la democracia electoral con el control de los procesos electorales.

Faltaba sólo conocer el desempeño del tribunal como última instancia. El recuento de más de 11 mil casillas planteó al TEPJF dos posibles caminos, ambos legales pero de diferente profundidad y perspectiva. Uno, que al parecer prefirieron asumir los magistrados como único, reducir su valoración al ajuste aritmético del recuento de votos. Desde esta perspectiva, todas las alteraciones posibles, intencionales o no, se reducirían al ajuste aritmético de los errores detectados. La suma y la resta aritmética como medida de valoración es un camino legal, cierto, pero no el único. Sobre todo cuando el magistrado presidente expresó que "si no se invocan hechos para configurar una hipótesis de la ley, el juzgador no es investigador, no es fiscal que deba estar investigando hechos en la calle o con la gente. Tiene que partir sobre la base de los hechos que invocan las partes, el actor especialmente".

Cierto, no le faltó razón al magistrado presidente. Sobre todo con la explicación que agregó el magistrado José de Jesús Orozco: "los justiciables saben que sus pronunciamientos de carácter político, por legítimos que sean, deben traducirse en términos legales y probatorios para que sean viables. Ese es el sentido de la judicialización de la política: resolver conforme lo dispone el derecho".

De acuerdo. Otra vez de acuerdo. Sin embargo, llama la atención que en la resolución hayan insistido en adjudicar las inconsistencias en las actas al error aritmético y explicar que "el dolo es una conducta activa que lleva implícito el fraude o el engaño. El dolo no se puede presumir, sino acreditar (...) Existe presunción de que la actuación de funcionarios de casilla es de buena fe y conforme a derecho".

Precisamente en ese particular sentido fueron insuficientes las exposiciones doctrinales y procesales del tribunal. Porque, en efecto, la otra opción, también legal, era la valoración del tipo de errores aritméticos detectados que pudieran sugerir o revelar un error sistemático.

La posibilidad de un error sistemático puede comprobarse más efectivamente que la actitud subjetiva del dolo. Un error sistemático es susceptible de asimilarse al dolo, por supuesto, pero también a otros conceptos: fraude, control estadístico, manipulación estadística, programas estadísticos selectivos, mecanismos todos que no tienen que ver con "el dolo" de los funcionarios de casillas, sino con la organización del conteo de los comicios donde los ciudadanos no participan. Los magistrados, como no son investigadores en la calle ni fiscales, prefirieron reprobar en derecho a los abogados del PRD y argumentar, como los apologistas del IFE, que el cómputo oficial es resultado de la buena fe de los ciudadanos que participaron en las casillas y que por tanto ese cómputo no debía calificarse desde una perspectiva que no fuera aritmética.

La estadística es una herramienta muy importante para que cualquier gobernante tenga acceso a la información detallada de las variables sobre economía, demografía y de cualquier tipo que le permita tomar decisiones en bien de sus gobernados. También es útil para empresarios y científicos. Pero los datos estadísticos pueden ser mal interpretados o utilizarse tendenciosamente para sustentar conclusiones falsas. En ese sentido, el análisis de una muestra es fundamental para la obtención de resultados válidos, y generalmente el problema se centra en calcular el menor tamaño posible de la muestra para obtener resultados significativos dentro de un intervalo de confianza. En el caso de la muestra de más de 11 mil casillas, hubo más de 60 por ciento de errores de conteo e imprecisiones. Por extrapolación, la gran mayoría de las casillas se encontrarán en las mismas condiciones.

Lo grave de este asunto no son los errores propiamente aritméticos, sino la reiteración sistemática de casillas donde hay más boletas de las que se dispuso para ellas o más votos de los ciudadanos empadronados, o menos sufragios pero sin boletas no usadas. La incidencia de ese tipo de errores no son aritméticos, insisto; son señales de errores en el sistema. No haber tomado en cuenta esos "errores", no valorarlos como errores sistemáticos, es un grave error jurídico del TEPJF. No sólo histórico o político, sino de valoración jurídica. Debemos aceptar, sin embargo, que ese grave error no podemos aducirlo como prueba del dolo de los magistrados, sino, por decir lo menos, sólo de su candidez. Candidez legal, por supuesto, pero candidez sobre todo. Justo lo que en el pasado electoral de México, a lo largo de numerosas décadas, se pedía a los ciudadanos en cada jornada electoral manipulada: candidez.

Tribunal de barandilla

La Jornada, Editorial del Martes 29 de agosto de 2006

En su sesión de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) repitió, en esencia, los argumentos esgrimidos por el panismo gobernante y sus aliados intelectuales para descalificar la mayoría de las impugnaciones interpuestas por la coalición Por el Bien de Todos ante esa instancia judicial. Las voces del continuismo habían adelantado, en efecto, que los partidarios de Andrés Manuel López Obrador fueron incapaces de destacar representantes en todas las casillas y de vigilar de manera adecuada los comicios ­un hecho que es cierto y cuya responsabilidad recae en los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia­ y que la coalición opositora presentó con fallas de tiempo y forma sus quejas y los elementos de prueba de las irregularidades ­las que fue posible documentar­ registradas en la elección presidencial del 2 de julio.

Al dar prioridad a los formalismos procesales por encima de la cuestión de fondo, que es una elección adulterada por la desembozada injerencia gubernamental y empresarial en el proceso, por el cúmulo de manoseos documentados de la papelería electoral y por el comportamiento desaseado del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el TEPJF renunció a su condición de instancia constitucional, abdicó de su potestad para resolver el conflicto en curso y privó al país de una solución institucional a una fractura nacional que se ahonda día tras día.

Este fallo, no hay que olvidarlo, fue precedido por el rechazo del tribunal a efectuar un recuento general de los sufragios emitidos el 2 de julio, una medida que habría permitido dar certidumbre a los resultados, subsanar el injustificable mal desempeño del IFE y dar paso, a fin de cuentas, a un gobierno legitimado por votos bien contados. Pero, en la medida en que dio un peso mayor a supuestas deficiencias formales de las impugnaciones que a las clamorosas pruebas de manipulación de los resultados, el tribunal cerró las puertas al esclarecimiento, dejó intactas las inconformidades generadas por las cifras oficiales e impidió verificar el sentido del veredicto popular emitido en las urnas a principios del mes pasado. Dicho sea de paso, el candidato oficial a la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, al negarse a respaldar la demanda de un recuento de los votos uno por uno, perdió la oportunidad de ratificar un triunfo que resulta, ahora, incierto y dudoso, y que no le da el margen requerido para conformar un gobierno aceptado por el conjunto de la ciudadanía.

El TEPJF limitó la revisión de los paquetes electorales al nueve por ciento de las casillas y el recuento subsiguiente llevó a la anulación de 237 mil 736 sufragios; si se proyecta esa cifra al total de los paquetes, podría haber en ellos más de dos millones de votos no válidos, un margen muy abultado si se considera que, según las cifras oficiales, la diferencia entre los dos candidatos más votados es de menos de 250 mil sufragios. Más allá de los tecnicismos de barandilla, los magistrados del TEPJF debieron tener en mente que, con semejantes números, un nuevo conteo podía modificar los números presentados por el IFE hasta el punto de revertir la ventaja dada por ese instituto a Calderón Hinojosa. Habría quedado, como último recurso institucional, la anulación de la elección. Pero es más que improbable que, una vez descalificadas las impugnaciones de los lopezobradoristas, el tribunal resuelva en ese sentido.

Lo cierto es que la máxima autoridad electoral del país ha justificado, con argumentos de burocracia judicial, la negativa a validar y transparentar el veredicto ciudadano y a dar certidumbre a la elección, y que en ello ha coincidido con el grupo gobernante y sus adeptos y con el designio ­urdido en las más altas esferas del poder económico y político­ de cerrar a cualquier precio el acceso de la izquierda a la Presidencia de la República. Las vías institucionales están a punto de agotarse, pero el conflicto dista mucho de estar resuelto. Por el contrario, los fallos emitidos ayer por el TEPJF ahondan y agravan la polarización ciudadana.

Hacia la Convención Nacional Democrática

(Invitación a la Asamblea Universitaria del sábado 9 de septiembre, redactada antes del fallo del TEPJF)

Estamos a unos días de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convalide la imposición de un Presidente de la República ilegítimo; a unas horas de que se consume el Fraude Electoral más denunciado y documentado ocurrido en nuestro país; a unos minutos de que el Presidente Vicente Fox, quien ha traicionado la democracia, rinda su informe de gobierno. Esto nos permite vislumbrar un futuro ominoso para nuestro país.

Frente a ello, quienes coincidimos en que es necesario combatir la pobreza de millones de mexicanos y reducir la desigualdad social que vivimos; quienes estamos dispuestos a defender nuestros recursos naturales y a evitar la entrega del Petróleo y la Electricidad a manos privadas; quienes consideramos que la seguridad social, la educación de calidad y la salud son derechos irrenunciables. En fin, quienes deseamos vivir la democracia a través del respeto a los derechos ciudadanos y del reconocimiento del derecho a la información veraz y oportuna, estamos convocando a los maestros, investigadores y universitarios en general, a la realización de una Asamblea Popular Universitaria con el objeto de nombrar a los Delegados Efectivos a la Convención Nacional Democrática que habrá de realizarse el 16 de septiembre de 2006, en el Zócalo de la ciudad de México.

Los delegados recogerán y llevarán consigo, las propuestas y resoluciones que determine la asamblea en torno a las formas en que impulsaremos la renovación de las instituciones civiles de nuestro país para ponerlas al servicio del pueblo. En particular, ellos abordarán la forma en que nos organizaremos para combatir la imposición y acabar con la corrupción e impunidad de quienes se han apoderado de las instituciones para su beneficio personal.

Compañero universitario, es tiempo de definiciones. Por ello, te invitamos a participar y contribuir con tus ideas acerca: del tipo de universidad que Sonora necesita; del impulso que se debe dar a la investigación científica y social en el estado; de los planes que permitan usar racionalmente nuestros recursos tales como el agua y los energéticos. Tu contribución a la Convención es importante.

La cita a la Asamblea Popular Universitaria es para el día 9 de septiembre de 2006, a las 10:00 hs, en el Auditorio “Manuel Rivera Zamudio”. Extiende esta invitación a tus compañeros y colegas.

SUFRAGIO EFECTIVO

NO IMPOSICION

Calendario para Sonora (preparativo de la Convención Nacional Democrática):

28 de agosto: rueda de prensa para dar a conocer la convocatoria en SONORA a la CND.

29 Agosto a 3 de septiembre: Difundir y convocar a la población en las localidades de nuestro Estado. Agendar las reuniones en colonias, comunidades, sectores, municipios. Cada quien de acuerdo a su función y representación.

2 al 10 de septiembre realización de ASAMBLEAS.

11 AL 13 ELABORACIÓN DE RELATORIA PARA ESO ACOPIO DE INFORMACIÓN RESULTADO DE LAS ASAMBLEAS.

14 SALIDA A MEXICO.

16 PARTICIPACIÓN CND

17 REGRESO A SONORA

Proyecto de resolución que presenta Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México para su análisis, discusión y, en su caso, para su aprobación en la convención nacional democrática

El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el dos de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un Golpe de Estado.

Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.

El fraude electoral no sólo le cerró el paso a un aspirante presidencial, sino que anuló de facto los derechos constitucionales del pueblo de México de escoger libre y democráticamente a quien gobierne los destinos de la Nación. Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el derecho de millones de mexicanos, en particular de los más pobres, de elegir un gobierno que verdaderamente los represente.

En una República democrática y representativa, el sufragio efectivo constituye la expresión de la soberanía popular. Pero una minoría rapaz que se ha apropiado ilícitamente del poder y de los recursos de la Nación, ha perpetrado este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano. Representa un atentado contra la soberanía nacional que, como establece el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo.

La imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde finales de 2003, cuando el gobierno de Vicente Fox y los grupos de poder más conservadores del país iniciaron una campaña para destruirnos políticamente. Primero intentaron involucrarme en presuntos actos de corrupción con los llamados videoescándalos. Ahora se sabe que fue una conspiración en mi contra, urdida por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, en la que utilizaron a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Quedó claro que se trató de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarnos.

Posteriormente, recurrieron al desafuero. Torciendo la ley y utilizando instituciones del Estado como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, trataron de destituirme como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para despojarme de mis derechos políticos e inhabilitarme jurídicamente como candidato. Pero la movilización de cientos de miles de mexicanos detuvo esta injusticia y me sacó adelante.

Como fallaron todos los intentos ilegales por impedir mi participación en la elección presidencial, el gobierno y la derecha planearon el fraude en los comicios de este año para detener nuestro triunfo.

El verdadero motivo para obstaculizar nuestro arribo a la Presidencia de la República, es porque defendemos un Proyecto de Nación que representa una crítica de fondo al modelo económico neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos privilegiados y ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos. Nuestra propuesta de gobierno constituye un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa.

El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales, y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.

Desde el inicio del proceso electoral, el aspirante del PAN se convirtió en el abanderado oficial al que Vicente Fox buscó imponer por todos los medios, violando las leyes y la Constitución. El Presidente de la República, en lugar de actuar como estadista, se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista. Se usaron recursos públicos para comprar votos y los beneficios de los programas sociales a cambio de sufragios para el partido de la derecha.

El Instituto Federal Electoral, lejos de actuar como juez y árbitro de la contienda, se subordinó a los intereses de una minoría y de su candidato, convirtiéndose en cómplice del fraude para legalizar la imposición. Las autoridades electorales actuaron de manera facciosa y permitieron que el gobierno y el PAN gastaran millones de pesos públicos y privados que rebasaron con mucho los límites legales establecidos; toleraron también que, contraviniendo la ley, el partido de la derecha lanzara una guerra sucia en nuestra contra a través de los medios masivos de comunicación, como nunca se había visto en nuestro país; y por si fuera poco, solaparon la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial y de algunos grupos económicos para calumniarnos y generar miedo en la población. Con todo ello, antes de la jornada electoral ya se había configurado y tipificado el fraude como un operativo de Estado.

En la elección presidencial, el IFE violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deberían haber normado su actuación. Este organismo, en vez de cumplir con sus obligaciones legales, actuó abiertamente a favor del partido en el poder. En particular, fue notoria la complicidad con el gobierno federal de los consejeros electorales, quienes fueron designados en realidad por el PAN y por Elba Esther Gordillo Morales, símbolo del corporativismo sindical caduco y del antiguo sistema político priísta.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento “voto por voto” y “casilla por casilla”, no obstante le fue demandado por millones de mexicanos y que tiene facultades de ley para ello.

Las irregularidades fueron muchas y en las cifras del IFE la diferencia entre los candidatos punteros fue mínima, pues el aspirante del PAN habría obtenidos 15’000,284 votos y el abanderado de la Coalición Por el Bien de Todos, 14’756,350 votos; es decir, una diferencia entre ambos de apenas 0.58 por ciento (243,934 sufragios), pero los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, sólo ordenaron la apertura de 11,839 casillas –al final resultaron 11,720–, correspondientes al 9.07 por ciento de las 130,477 instaladas en todo el territorio nacional.

A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el Tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de “errores aritméticos” de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegándose incluso a manipular el conteo de los votos:

1) En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las urnas, pues en 43 por ciento de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más; es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de seis sufragios por casilla y en 30 por ciento de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos;

2) La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente al recontar los votos, en miles de ellas aparecen registrados sufragios que no corresponden a los depositados por los ciudadanos. En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla;

3) Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciándose de tal manera un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales, antes, durante y después del cómputo distrital;

4) El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó así, que el Consejo General del IFE y muchos de los Consejos Distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial.

Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que “el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida”. Y precisa: “En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario”.

La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: “Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas”.

Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron, y acatado la legislación electoral, tendrían que reconocer que en las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. Si hubieran aplicado la ley y respetado sus propios criterios, deberían haber anulado las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento. Y si hubieran procedido de esa manera, habrían reconocido que la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos.

Es más, si se aplican los mismos criterios legales y se proyectan a la votación nacional, eliminando los votos espurios agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados debieron reconocer que ganamos la Presidencia de la República por más de dos millones de votos. De esa dimensión ha sido el fraude electoral realizado en contra nuestra.

El gobierno federal a fin de imponer el fraude, después del dos de julio siguió violentando el orden legal del país y con un nuevo derroche de recursos públicos y privados, ha buscado, con una campaña en los medios de comunicación, convencer a los mexicanos de que ganó el candidato de la derecha, aunque en realidad perdió la elección presidencial. El presidente Fox llegó al colmo de presionar públicamente a los magistrados para que fallaran a favor de sus deseos y proclamó el triunfo del candidato oficial, lo que dejó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin la posibilidad de emitir libremente su resolución.

Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas, que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha, que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado.

Esta situación de violencia institucional y de trastocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable.

Por eso, desde el 15 de agosto, ya previendo esta confabulación contra la voluntad popular, convocamos a la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos que, con representantes de los pueblos, comunidades, barrios, municipios, organizaciones sociales, civiles, sindicales y políticas de todo el país, se reunirá el 16 de septiembre de 2006 para decidir en definitiva el papel que asumiremos en la vida pública de México.

El artículo 39 constitucional a la letra dice:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

En consecuencia, en el marco de la resistencia civil pacífica que estamos llevando a cabo y con fundamento en este artículo constitucional, propongo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convención Nacional Democrática, el siguiente:

PLAN

1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006.

2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo.

3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.

4°. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales:

1) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país.

2) Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación.

3) Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.

4) Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción.

5) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco.

5°. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006.

6°. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.

7°. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.

Mexicanas y mexicanos:

Hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales, y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos.

Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo.

No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental: se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres; representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer.

A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República.

¡Nunca más una República simulada¡ ¡Nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo! ¡Nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero! ¡Nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno! ¡Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país!

Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país. Con los principios por delante, con la dignidad moral y con el apoyo de la gente, haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República.

Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: “El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos”.

Andrés Manuel López Obrador

En la Plaza de la Constitución,

Zócalo de la ciudad de México,

a 28 de agosto de 2006

Viernes 8 de septiembre de 2006

Astillero

Julio Hernández López

Blindaje jurídico

San Lázaro, la Corte, el IFE ¡unidos!
Otro Bollo: la tentación del desalojo
Guanajuato y Tlaxcala, botines

El equipo de Felipe Calderón ha decidido otorgar al michoacano un blindaje protocolario en previsión de que le sea obstruida la toma de posesión como presidente de la República el primero de diciembre próximo.

Por ello el miércoles se realizó una prescindible ceremonia "solemne" en el tribunal electoral federal (a pesar del costo de imagen que representa el usar helicóptero, puerta trasera y cerco militar para recibir el documento formal que sin mengua de su valor pudo ser enviado por correo) y por ello ayer el presidente de la Cámara de Diputados (digno heredero de las glorias de entrega a domicilio del presidente DHL, en San Lázaro, y del ministro presidente de la Suprema Corte en el episodio del desafuero) dirigió sus partidistas pasos hacia la Casa de Transición de Felipe para poner en sus manos el bando solemne emitido en ausencia de las bancadas del PRD y el PT. Cumplidas esas formalidades, el felipismo cree que el primero de diciembre puede ser planteado en términos de menor dramatismo protocolario (es decir, en un escenario distinto al Palacio Legislativo, e incluso en algún recinto decidido a última hora y con poca asistencia pero con muchas cámaras... de televisión).

Tal como lo había anunciado el ministro predispuesto en el apellido (Ah, suela: artículos constitucionales redactados con los pies), la Suprema Corte se negó a investigar las presuntas violaciones al voto popular que a criterio de algunos ciudadanos se habrían cometido. Hubo críticas de ministros a las previas posturas y declaraciones de descalificación hechas por el presidente de la Corte, el antedicho Ah, suela, pero ninguno de ellos se atrevió a proponerse como promotor histórico de la indagación desechada. Genaro Góngora y José Ramón Cossío prefirieron la comodidad grupal que el ejercer la facultad constitucional, que a los ministros sí asiste, de solicitar la mencionada investigación sobre violaciones al voto.

El comité de información del IFE negó a su vez que las boletas comiciales puedan ser consideradas "documentos" (han de ser ovnis, supone el tecleador astillado) y con ese criterio tramposo pretende cerrar el paso a la pretensión encabezada por la revista Proceso de que ciudadanos pudieran tener a su alcance las mencionadas boletas electorales para contarlas y verificar su congruencia con las cifras oficiales. De pasadita, el IFE (DieguIFErnandezdeceballos) reiteró que en cuanto pueda quemará esos no documentos -el cerillo será encendido cuando el tribunal electoral federal dé por terminado su trabajo en relación con el proceso electoral.

Astillas:

Es interesante ver lo que sucedió en el estudio donde se transmitía Otro Rollo después de que Adal Ramones mandó a un corte comercial que duró casi diez minutos. La Oreja, de Juan José Origel, transmitió parte de ese episodio, y está disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ttNfclqlQiY, gracias a Juan Estévez. Aparte de Ramones, interviene Yordi Rosado, productor de Otro Rollo que también participa al aire en algunas escenas del programa. Hay un momento en que Ramones, luego de buscar negociaciones, decide que "Seguridad" desaloje a los jóvenes inconformes: "Amigo -le dice a uno de quienes daban instrucciones a sus compañeros de no salirse del foro- sí te voy a pedir de favor que desalojes el estudio, por favor. Gracias. Por favor." Y, enseguida: "Seguridad, ¿le pueden pedir de favor...?" En ese momento, las tomas permiten ver a ese joven, rodeado de compañeros, que con la mano invita a los de Seguridad que se acerquen a cumplir con la instrucción. Finalmente, los jóvenes abandonaron el estudio por propia decisión, luego que Ramones retomó el hilo de su programa en otro escenario... Alumnos de la Facultad de Filosofía, Letras e Historia de la Universidad de Guanajuato denuncian que una reforma legal impulsada por el actual gobernador panista ha abierto las puertas para que el próximo rector de esa casa de estudios pueda ser un funcionario de gobierno (el propio Juan Carlos Romero Hicks, que ya ocupó ese cargo universitario) o incluso un ministro de culto religioso. A pesar de que en una propuesta original de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato se establecía que para aspirar a ser rector debían haber pasado cuando menos dos años de que el pretendiente hubiese sido funcionario público, y se excluía a los oficiantes religiosos, en el texto final se omitieron ambas restricciones. Los estudiantes aseguran que están "enfrentando un episodio con tintes oscurantistas en este estado (...) que tal parece que se ha convertido en el laboratorio yunquista por excelencia". Basta recordar que el gobernador es Juan Carlos Romero Hicks, y su hermano Eduardo el presidente municipal de la capital del mismo estado (el abuelo, Enrique J. Romero Ceballos, ocupó esa misma alcaldía de la ciudad de Guanajuato en 1930). Ahora, el ex rector Juan Carlos podría dejar la gubernatura y retomar la rectoría de la universidad estatal. ¡Oh, las familias del cambio! (Por cierto, los estudiantes inconformes tienen el blog www.comitederesistenciaestudiantil.blogspot.com)... Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se preguntan si el "Serafín Ortiz" que aparece coordinando un libro de la UNAM sobre Vicisitudes de la normalidad democrática electoral en México es el mismo que firma como rector de la casa de estudios mencionada en primer lugar. Serafín Ortiz, el rector de la UAT, es hermano del gobernador del estado, Héctor Ortiz, que también ocupó esa rectoría (los méritos de Serafín para llegar al cargo universitario fueron descubiertos ya bajo el mandato de Héctor). La mencionada UAT ha sido usada por los hermanos Ortiz como instrumento de promoción para sus proyectos y de venganza contra sus adversarios. Vicisitudes familiares en la normalidad neopanista (el dizque perredismo tlaxcalteca está peor: el entonces gobernador Alfonso Sánchez Anaya, que había hecho senadora a su esposa, quiso luego convertirla en candidata a la sucesión; al fracasar en esa escandalosa pretensión, el mismo Sánchez Anaya dejó la gubernatura y poco después se hizo postular candidato a senador, escaño que actualmente ocupa)... Y, mientras Fox hace burla, al decir que en México el camino está des-pejado, y mientras se juntan las evidencias de criminalidades de Estado en los casos ISOSA y Condusef, ¡hasta mañana, en esta columna sin blindaje!

Jueves 7 de septiembre de 2006

Astillero

Julio Hernández López

Que quede constancia

Anticipado, aéreo y trasero

Versiones de discordia azul

Otro rollo, otras protestas

Felipe Calderón asumió su condición jurídica de presidente electo usando la puerta trasera y haciendo trampa al reloj. La recurrencia a las vías no idóneas de ingreso y salida de una ceremonia solemne se debió a la aguerrida presencia de opositores a esa asunción judicial, que fueron llegando a la sede del tribunal electoral federal conforme se fueron enterando del madruguete institucional con el que se convocó a esa reunión con muy pocas horas de anticipación, y al madruguete personal del propio Calderón que con terrible impuntualidad llegó hora y media antes de la cita oficial para salvar, mediante helicóptero, la aduana cívica que le abucheaba en tierra.

El cumplimiento del requisito formal de recepción de la constancia de mayoría aritmética requirió una nueva demostración de fuerzas armadas. No se dieron los excesos de San Lázaro, pero el tufo a provocación volvió a estar presente, entre rumores que hablaban de la "segura" llegada de Andrés Manuel López Obrador a la sede del Trife y la presencia de supuestos opositores al fraude que incitaban a los inconformes a rebasar los límites de prudencia que hasta ahora han mantenido el plantón del Zócalo al Periférico con saldo blanco. En esos planos, en los que se confunde el enojo cívico genuino con el inducido, se produjeron agresiones a Florencio Salazar, el ex secretario de la Reforma Agraria que participó en la estrategia electoral de Calderón, y a la magistrada electoral Alfonsina Berta Navarro. Un vehículo relacionado también con Calderón recibió huevos como proyectiles y otro tipo de desahogos líquidos y sólidos.

Dado que un día antes sus allegados habían dicho que en nada habría demérito para Calderón si recibía su constancia mayoritaria a través del correo (extrañas exploraciones postales de un candidato electo con quien días atrás se había revelado como el Primer Mensajero Presidencial del país), hubo quienes creyeron que el michoacano evitaría los riesgos de un enfrentamiento con los lopezobradoristas al acogerse a los beneficios de la política por carta. Armada a toda velocidad la susodicha sesión solemne del Trife, y sin explicación convincente respecto al cambio de jugada, esa nueva aproximación a la violencia física agregó materia a las especulaciones que encuentran signos diversos de discordia entre el jurídicamente electo Calderón y el aferradamente Vigente Fox. Rumores van y vienen: que si los hijos Bribiesca preparan viajes al extranjero para no exponerse a neoquinazos anunciados, que si Felipe no hizo mención de Vicente en mensaje televisado, que si la reunión entre el alto y el bajo (la bota y la caldera) fue una apenas disfrazada muestra de incomodidad entre quienes apenas se toleran, y que si a Fox, dirigido por taimados estrategas, le conviene buscar la caída de Calderón, sobre todo si puede adjudicar las causas de ese incidente al lopezobradorismo (Calderón sería para Fox, en esta etapa poselectoral, algo parecido a lo que Colosio fue para Salinas: una pieza de juego político utilizable desde Los Pinos para reacomodos de última hora; en 1994 la sangre corrió a cargo del propio candidato ya indeseado, ahora bastaría con que las manos hildebrándicamente limpias se tiñeran de sangre provocada para que el mejor de los escenarios políticos para los Fox y los Bribiesca se materializara).

La protesta contra el acto protocolario del Trife ("¡no pasará!", coreaban los opositores mientras la elite sitiada presenciaba la entrega de la famosa constancia de mayoría) sucedió un día después de que jóvenes asistentes a un programa de Adal Ramones en Televisa provocaran, con el simple poder de sus voces unidas, que se interrumpiera Otro Rollo y que, luego de largos minutos dedicados a comerciales, se reanudara en un foro distinto, ya sin público incontrolable. La denuncia, por asalto auditivo, del fraude electoral, mostró a millones de mexicanos que el silencio impuesto a las actividades de López Obrador encontrará salidas imaginativas. Esa misma noche del martes en que el Trife dio por cerrado el litigio electoral, mientras en Televisa San Angel lidiaban con los jóvenes vociferantes, otros ciudadanos ocupaban los andenes del Metro Zócalo, durante decenas de minutos, gritando consignas contra el fraude y en favor de su candidato jurídicamente declarado en derrota. Que quede constancia.

Astillas:

Es tanta la degradación que se vive en el país que apenas causa cierto asombro efímero ver escenas como las de Uruapan, donde cinco cabezas humanas fueron arrojadas sobre una pista de baile con una leyenda ¿mafiosa, política, religiosa?: "La familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, sólo mata a quien debe morir. Sépanlo toda la gente, esto es justicia divina". Un año atrás, el 16 de septiembre, había sido asesinado en Morelia el director de seguridad pública de la entidad, Rogelio Zarazúa, quien comía con su esposa, que a su vez era subsecretaria general de gobierno y coordinadora estatal del Programa México Seguro... En Nuevo León, mientras tanto, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones del estado, Marcelo Garza y Garza, ha sido asesinado... A través de su Programa de Acompañamiento Ciudadano, el IFE invita a la presentación en la UNAM de un libro sobre las elecciones recientes. Vicisitudes de la normalidad democrática electoral en México se denomina el texto coordinado por Luis J. Molina, Fernando Serrano, Fernando Ojesto y Serafín Ortiz. Los presentadores serán el propio Ojesto (uno de los siete magistrados del tribunal electoral federal), Alejandra Latapí (consejera del IFE), el ex senador panista César Jáuregui, y el citado Molina. Las vicisitudes (circunstancias cambiantes, sucesión de acontecimientos favorables y adversos) serán analizadas el próximo martes 12, a las 9.30 de la mañana, en el auditorio Antonio Martínez Báez, ubicado en el edificio de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM... El lector Mario Humberto Hernández recomienda asistir hoy a la Cineteca Nacional a ver el documental Salvador Allende, de Patricio Guzmán, en el que se puede ver "cómo actúa la derecha, cómo impide por las malas el ascenso de la izquierda, y cómo, cuando pierde, arrebata". Esta semana, y la siguiente, el documental será exhibido en el Centro Cultural Universitario... ¡Hasta mañana, en la Nueva República del Helicóptero!

Miércoles 6 de septiembre de 2006

Astillero

Julio Hernández López

Por una nimiedad

Nomás tantito

Carga mediática

Presidente eyecto

Por considerar que todas las violaciones al proceso electoral fueron una simple nimiedad (una pequeñez, una insignificancia), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declararon ayer presidente eyecto a Felipe Calderón (eyecto: participio del verbo eyectar, que significa expulsar, hacer salir algo del organismo, impulsar con fuerza hacia fuera mediante un mecanismo automático).

A los jurisperitos especializados en comicios les pareció poca cosa que Vicente Fox se hubiera convertido en un peligro para los comicios ("un riesgo" escribieron, modosos, los magistrados). La maquinaria propagandística con cargo al erario que exhortaba a los mexicanos a mantener el mismo caballo, pero con nuevo jinete sexenal, o a seguir "en el mismo camino", pareció asunto menor a los magistrados, que por causas parecidas habían dictaminado nulos algunos procesos estatales, años atrás. La injerencia de los grupos empresariales en favor del candidato de la derecha tampoco tuvo un significado determinante, a ojos de los juzgadores oficiales. Ni la guerra sucia. Ni las malas cuentas aritméticas, ni la apertura ilegal de paquetes electorales. Todo fue demasiado poquito. Una nimiedad operativa que produjo un triunfo numérico también por una nimiedad: 233 mil 831 sufragios de diferencia.

La convalidación judicial del fraude hormiga (de tantito en tantito en cada urna, más los algo rítmicos arreglos cibernéticos) produjo de inmediato una cargada mediática que cantó como nunca las glorias del estado de derecho, de la unidad nacional, del respeto y la tolerancia, de la institucionalidad y ¡oh, sí! de la final consumación postrera, concluyente, terminal y de colofón, del proceso electoral iniciado el 6 de octubre de 2005 (¡oh, sí: algún día debía terminar lo que en realidad nunca debió empezar si los resultados de antemano escritos estaban!).

A la campaña del odio y la división sociales sigue ahora la de la conminación a deponer críticas y oposición a una cosa jurídicamente juzgada. Ya hay presidente electo (léase eyecto), gritan quienes desean que la varita mágica de lo judicial resuelva un conflicto político y social. Respeten las leyes, advierten quienes no quieren ni pueden reconocer que la resolución del tribunal electoral de este martes es una pieza de magna hipocresía jurídica y de histórico incumplimiento de responsabilidades profesionales.

El propio Felipe Calderón no parece acomodarse a su nueva situación. Como si continuase en los concursos de oratoria, en su momento llamados "debates entre candidatos", el panista pretende dar imagen de solvencia y apertura, valido de una sonrisa y un manoteo que responden más a preocupaciones escenográficas que a profundidades políticas. Por si esa vacuidad no fuese preocupante en momentos en que se requiere un alto oficio político, llama la atención que el entorno del michoacano sea ocupado por ex priístas que responden a intereses extranjeros al acecho, como el Grupo Carlyle, representado en México por Luis Téllez, o miembros del zedillismo agringado (Jesús Reyes Heroles júnior, Javier Lozano y Carlos Ruiz Sacristán), o encarnaciones del prianismo histórico, como Genaro Borrego.

López Obrador, por su parte, ha respondido elevando el tono de su discurso. El tabasqueño ha desconocido la resolución del TEPJF y considera carente de legitimidad la decisión en favor de Calderón. Los legisladores de la coalición Por el Bien de Todos firmaron un acuerdo en el que se comprometen a impedir que el panista tome posesión como presidente, el próximo primero de diciembre. En ese acuerdo participan los legisladores de Convergencia, luego de que durante el día los miembros de la coalición Para el Bien de Pocos -agrupación que incluye muchos medios de comunicación- habían difundido con gran emoción que el partido dirigido por Dante Delgado se había deslindado del lopezobradorismo, enfatizando esos medios de la CobiPocos sólo una parte de la posición jurídica asumida por el partido naranja.

Y Fox... ¿Fox? ¡Ah, sí, Fox! El personaje que frente a los vidrios de la entrada a San Lázaro dejó de ser Presidente de México, el pasado 1º de septiembre, pronunció ayer un mensaje propagandístico más, de presunto apoyo al compadre Felipe, que canta No me Apoyes.

No por anunciado, el golpe judicial de ayer dejó de doler a los seguidores de López Obrador. El dictamen del TEPJF era lo que todo mundo sabía, pero la parte no calderonista temía confirmar. La verborrea legaloide de los magistrados electorales agravó el enojo, pues los jueces aceptaron que hubo interferencias, inducciones y distorsiones, pero consideraron que fueron insuficientes para afectar un desenlace marcado por décimas de punto de diferencia. Nomás tantito, dirían los unánimes postores de la tesis de la nimiedad. Un tantito que ayer comenzó a convertirse en airado viento que mucho podrá cambiar la historia adulterada de un país cansado de que sus desgracias le sean disfrazadas de nimiedades.

Astillas:

No será Enrique Villa Rivera, director del Instituto Politécnico Nacional, quien reciba la medalla del Congreso de Guerrero denominada Sentimientos de la Nación, sino Evo Morales, presidente de Bolivia. La entrega será el próximo 13, en la catedral de Chilpancingo, donde en 1813 fue instalado el primer Congreso de Anáhuac. Los organizadores del acto han invitado a Morales para que reciba personalmente la distinción y, según aseguran, el boliviano prepara su viaje... Ventura Gutiérrez, dirigente de Alianza Braceroproa 4264, formalizó ayer ante la Secretaría de Gobernación su solicitud de que, a partir de actas de nacimiento en que se establece como estadunidense la nacionalidad del padre de Vicente Fox, se determine que el actual presidente de México "no cumplió con los requisitos del artículo 82 de la Constitución". Gutiérrez planteó a Gobernación que la PGR y las cámaras de Diputados y de Senadores deben conocer también de la solicitud de investigación... A propósito, el lector Juan Marcos propone un nuevo término (al que el Niño Astillero hizo una pequeña modificación) para referirse a algún político indeseable que sea hijo de estadunidense y española: Gabachupín... Y, mientras los andenes del Metro Zócalo se llenaban ayer, después de las 9 de la noche, del grito de "¡Obrador, Obrador!", ¡hasta mañana, en esta columna que en su caja digital de música aprieta la tecla eject!

Lunes 4 de septiembre de 2006

Astillero

Julio Hernández López

Nulidades

La hora del tribunal
Validar la represión
El IFE-Jalisco denuncia

Conforme a sus antecedentes y a las circunstancias, el tribunal electoral federal debería declarar inválidos los comicios presidenciales. Por muchísimo menos de lo que Vicente Fox hizo en los meses recientes fueron anuladas en años pasados las elecciones estatales de Colima y Tabasco, donde los titulares del Poder Ejecutivo utilizaron el poder para apoyar al candidato de su partido a la sucesión. El proceso que desembocó en el pasado 2 de julio (2-J) tuvo una injerencia infinitamente mayor del presidente de la República en favor de Felipe Calderón. Personalmente, el vaquero de Los Pinos exhortó con insistencia a los mexicanos, mediante propaganda oficial y declaraciones públicas, a no cambiar de caballo sino de jinete y a perseverar en "el mismo" rumbo y, además, puso la estructura de asistencia social -Chepina Vas que Votas- al servicio del candidato oficial, al igual que otros rubros gubernamentales electoralmente productivos.

Pero no fueron las de Fox las únicas interferencias graves. Aun cuando continúa el bombardeo publicitario que pretende convencer a los mexicanos de la limpieza de las elecciones "ciudadanas", y a pesar de que los órganos de poder se esconden cobardemente en el falso "millón de ciudadanos" para escabullir sus culpas, en todo el país se está dando una crítica abierta a ese proceso electoral desde flancos especialmente autorizados, como son los propios consejeros electorales o funcionarios locales del IFE que han ido denunciando lo que han vivido en lugares como Quéretaro, de la represión institucionalizada por Francisco Garrido; Veracruz, de las pillerías priístas clásicas a cargo del Tío Fidel Herrera, y Baja California, dominada por el empresario que gobierna en favor de sí mismo Eugenio Elorduy.

Por el volumen de votantes que congrega, pero también porque allí se desarrolla una de las vertientes más obcecadas de defensa del presunto triunfo nacional de Felipe Calderón, es notable lo sucedido en Jalisco (donde el gobernador actual, Francisco Ramírez Acuña, pretende cobrar con un cargo en el supuesto gabinete felipista el hecho de que él "destapó" al entonces secretario de Energía y que luego volcó el erario en elecciones en favor del PAN). El presidente del consejo local del Instituto Federal Electoral en la entidad, Esteban Garaiz Izarra, renunció a su cargo en la sesión celebrada el pasado jueves, advirtiendo, en lo que según la agenda del día constituiría su "mensaje", que "todos sabemos que no fue una campaña limpia ni equitativa" la que recién se ha vivido. "No se puede impunemente -añadió Garaiz- repetir el bochornoso espectáculo de las campañas sucias de este proceso que concluye. Se requieren sanciones severas para la intromisión extranjera en nuestra vida política nacional. También, y hay que decirlo francamente, será necesario eliminar de manera expresa las interferencias del Ejecutivo federal frente a candidatos o plataformas electorales que con toda claridad sesgan las condiciones de equidad electoral, así como deben establecerse sanciones claras y severas a la interferencia electoral de empresas o de organismos empresariales en las campañas." El dimitente había conducido sin problemas las elecciones federales de 1997 y 2003 en Jalisco y las de 2000 en Chiapas.

Todo hace suponer, sin embargo, que el tribunal electoral federal concederá validez a las manoseadas cifras que darían una victoria aritmética a Felipe Calderón. Dado que la resolución del Trife es definitiva e inatacable, a los ciudadanos no quedaría sino asumir y respetar esa decisión legal. Pero desde la noche misma del 2-J se vive en México una fuerte oposición al presunto triunfo calderonista, por las mismas causas que funcionarios electorales, como el renunciante de Jalisco, han mencionado, pero también por muchas otras más. Por ejemplo: el espectáculo televisivo que se montó para presentar los resultados preliminares y, días después, el cómputo distrital generó un espontáneo interés científico en especialistas que luego denunciaron las evidencias de que el sistema computacional del IFE fue alterado externa o internamente para acomodar resultados conforme a predeterminaciones facciosas. A pesar de la enorme fuerza aplicada desde el poder para acallar esa inconformidad electoral, la resistencia se ha sostenido, con campamentos cívicos en el Zócalo y la ruta que pasa por Madero, Juárez y el Paseo de la Reforma. El punto más exitoso de esa resistencia ha sido impedir mediante diputados que el presidente de la República rindiera el sexto Informe en un Congreso sitiado militarmente.

El alivio social que produjo la prudencia de los opositores, que fueron quienes evitaron enfrentarse con regimientos preparados desde semanas anteriores para reprimir, volverá a convertirse en angustia si es que el Trife decide declarar válida la elección presidencial y con ello impone a Calderón como ganador legal, pero no legítimo. A partir de esa resolución altamente previsible crecerá la exigencia de que se meta "orden" tanto en el territorio vial ocupado por quienes sostienen que hubo fraude electoral como en la disidencia política en general. Contra esa tentación represiva habló ayer López Obrador en su discurso matutino. El tabasqueño pidió a los militares no intervenir en el conflicto político, ni de manera abierta ni encubierta, a la vez que solicitó a sus seguidores que no caigan en las provocaciones.

Calma dominical después de la tempestad conjurada del viernes. El presidente de la República, de gira por Baja California Sur, vuelve a ver su Foxilandia amada, donde todo va "extraordinariamente bien", sin "crisis" ni "quebrantos". El cardenal Norberto Ribera se declara piadosamente preocupado por los riesgos de violencia que encierra un proceso electoral del que ese mismo jefe católico ha sido silencioso cómplice. Y López Obrador habla de la posibilidad de crear un "Constituyente" el próximo 16. En ese marco, la hora del tribunal electoral federal ha llegado.

Astillas:

El gobierno federal sigue guardando el caso Oaxaca para cuando sea conveniente dar golpes mediáticos de presunta vuelta a la legalidad mediante la fuerza. Aliado con Ulises Ruiz, el foxismo pretendería cobrar a los oaxaqueños el apoyo electoral dado a López Obrador y usar el desbordamiento social de aquella entidad como ejemplo de lo que los fascíficos "ya no permitirán"... ¡Hasta mañana!

Martes 29 de agosto de 2006

Astillero

Julio Hernández López

Mc Trife

Cajita electoral feliz
Hildebrando judicial
Por una nimiedad
Coartada jurídica

Los especialistas en gatopardismo electoral (magistrados lampedusos) arriesgadamente van perfeccionando sus numeritos circenses de mal suspenso: en veloz paquete (la cajita feliz de Mc Trife) aprobaron ayer malabarismos aritméticos y jurídicos para que electoralmente todo siguiera igual. Irregularidades por aquí y por allá, votos de más y de menos, boletas sobrantes y faltantes, listas nominales ausentes y paquetes electorales violados y manipulados, pero... ¡todo siguió igual! Incluso, en una electrizante demostración de virtuosismo extremo, los magistrados del Trife (trifásicos, de allí lo eléctrico de su comportamiento) desarrollaron una variante de la suerte charra del paso de la muerte al anular (¡oh, cuánta emoción!) 237 mil 736 votos (¡oh, doña Juanita la de la tienda no supo contar tan bien como los comerciales del IFE presumían!), es decir, casi los 243 mil 934 sufragios que originalmente eran la diferencia oficial entre Calderón y López Obrador, pero (¡oh a punto del infarto!) esos 237 mil 736 votos anulados fueron adecuadamente repartidos en pérdidas entre los participantes para que, a fin de cuentas, el gatopardismo por todos sabido sentenciara solemnemente que, aunque algunas cifras habían cambiado, en realidad... nada había cambiado.

Todo ha sido, en realidad, una trajeada versión remix de los éxitos cibernéticos del rey mexicano de la payola electoral, Míster Hildebrando. Los libretos de desasosiego colectivo que los genios de las computadoras impusieron a los mexicanos, en noches y madrugadas de inexplicables resultados preliminares y de cómputos distritales, ahora fueron reproducidos en términos de presunta jurispericia: los magistrados trifásicos (dícese de un sistema de tres corrientes eléctricas alternas iguales, procedentes del mismo generador) ni siquiera sabían exactamente cuáles votos habían anulado, aún horas después de que habían aprobado su dictamen Mc Trife, no por unanimidad sino por una nimiedad (el serio y respetado columnista de asuntos económicos de El Universal, Alberto Barranco, publicó datos de esa nimiedad el pasado 2 de agosto en su Empresa: "...corre, insistente, la versión de que algunos magnates se estarían cooperando para integrar una vaquita, cuyo monto se entregaría, a título de donativo secreto, a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los recursos garantizarían un retiro placentero. La intención, naturalmente, es reconocer como definitiva la ventaja de Felipe Calderón Hinojosa en los conteos del IFE, rechazando la posibilidad del conteo voto por voto, casilla por casilla").

El episodio contable-jurídico de ayer forma parte del gran libreto del fraude electoral y, como en las anteriores entregas, su aplicada ejecución fue precedida de campañas mediáticas que fueron fijando el discurso presuntamente justificador de los desenlaces programados. En esta ocasión, el casete insertado en las máquinas reproductoras de alquiler desplegó el menú que instruía instalar como coartada mil veces repetible el que la coalición Por el Bien de Todos tenía fallas jurídicas tan graves que hacían imposible la satisfacción de exigencias coreadas en mítines, pero no presentadas en correctos términos procesales. El argumento es de una precariedad jurídica lamentable, pero de una gran utilidad para quienes juegan política e intelectualmente entre dos aguas: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene facultades plenas para mantener el orden constitucional cuando éste es afectado por violaciones como las que fueron parcialmente denunciadas por una coalición de partidos y como las que sin duda surgieron (casi 240 mil irregularidades encontradas en un muestreo de 9 por ciento del total de los paquetes electorales) en el recuento ordenado por ese mismo órgano judicial electoral. Contra el espíritu letrista, pichicato, acomodaticio, que el citado Trife utilizó para cumplir con las instrucciones dictadas por los verdaderos poderes del país, debió prevalecer el criterio propio de un tribunal constitucional que, para decirlo en términos llanos, podría actuar casi sin límites para indagar presuntas violaciones al orden constitucional como serían las evidencias de fraude electoral. En cambio, el tribunal electoral del poder de la consigna prefirió comportarse como policía de esquina que sólo actúa en función de lo que en esos momentos sucede.

Aunque falta que el Trife declare validez o invalidez de los comicios presidenciales, el golpe electoral de ayer no por previsible fue menos doloroso. Quienes guardaban esperanza de que pudiera haber justicia electoral vivieron un día amargo. Pero la reacción de Andrés Manuel López Obrador no fue de conformismo o abatimiento. Por el contrario, en la reunión nocturna del Zócalo propuso, sin ambages, el desconocimiento del cómputo oficial trifásico y del presunto triunfador aritmético (IFE más Trife igual a Felife) y, con un discurso endurecido, planteó la posibilidad de que el Día de la Revolución tome protesta quien sería declarado el Día de la Independencia presidente de un gobierno alterno o jefe de una resistencia civil.

Emitida ya la primera definición judicial trifásica, los gobiernos virtuales (Fox y Calderón) creen llegado el momento de usar el presupuesto público para generar una falsa ola ciudadana de exigencias de que "ahora sí" se aplique "la ley" sin reparos. Vicente Nixon Plus y Felipiano Huerta y no Josa (josa: finca sin cerca, plantada de vides y árboles frutales, diferente de las huertas que sí se benefician de los cercos) preparan represiones: el primero habla de defender a la patria de quienes quieren estar por encima de las leyes (podría fundar las milicias Bribiesca) y el segundo habla ampulosamente de mano firme. En Bucareli, ahora que ya conviene usar mediáticamente el asunto, como una más de las muchas cortinas de humo que serán desplegadas en los días venideros, el secretario de El Yunque hace el milagro de atender la crisis oaxaqueña con una reunión cumbre en su despacho capitalino. Mientras tanto, los machetes de San Salvador Atenco entran a la Suprema Corte y llegan en pequeña e insólita muestra de protesta hasta los despachos fríos, formales, solemnes, institucionales de los ministros encargados de suministrar justicia a un pueblo cada vez más agraviado. ¡Hasta mañana!

Lunes 28 de agosto de 2006

Astillero

Julio Hernández López

Instituciones

Nueva etapa de lucha
Sistema agotado
El amigo Norberto

La etapa procesal electoral está terminando. Y ahora se entra en lo sustantivo. A partir de esta mañana, los magistrados del máximo tribunal especializado en comicios deberán determinar si la muy impugnada y manoseada aritmética judicial muestra un ganador presidencial y, enseguida, si esos precarios resultados contables surgieron de un proceso regido por los conceptos de equidad y limpieza como para así declarar válidas las elecciones y triunfador a uno de los contendientes. Ya no hay, pues, más tiempo para pruebas y alegatos partidistas: la Suprema Corte Electoral de la Nación tiene la última palabra, una palabra que es jurídicamente inatacable pero que, para una parte de los mexicanos, puede resultar ética y políticamente inacatable. Tan evidente es que ha terminado esa etapa del litigio jurídico que el impugnador central ha anunciado en el Zócalo que no le merece respeto el entramado institucional vigente y que trabajará para construir uno nuevo.

El discurso dominical de Andrés Manuel López Obrador es, por principio, una prevista sentencia política: luego de recorrer las múltiples instancias del laberinto electoral y judicial, el tabasqueño acepta con todas sus letras que la lucha a través de las instituciones actuales no tiene sentido, pero no llama a la insurrección armada para derribarlas, sino a la construcción -desde el flanco opositor- de nuevas formas de organización social y política. El llamado a la refundación nacional motivó de inmediato las reacciones burlonas que el propio AMLO había previsto (ironías de la historia: los panistas conocieron, luego de 1988, las mismas burlas, escepticismo y rechazo cuando constituyeron un gobierno alterno al de Carlos Salinas, con Manuel J. Clouthier como presidente y Vicente Fox como secretario de agricultura; en aquella ocasión, los presuntos insurrectos acabaron negociando con Salinas un proceso de "legitimación en los hechos" que ahora con Felipe Calderón -si tal fuera el resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- volvería a escenificarse, con los panistas como beneficiarios).

El planteamiento de ayer lleva al movimiento de resistencia civil a un más alto nivel de confrontación. Dejando de lado la rutina previsible que hoy ha comenzado el tribunal electoral, AMLO ha decidido preguntar a sus seguidores si, reunidos en convención nacional, quieren nombrar a un presidente legítimo o a un coordinador de lucha política. La denominación del cargo es muy importante: designar un presidente legítimo significaría para este movimiento comprometerse en una batalla de símbolos y contenidos que no podrá terminar más que con el derrocamiento, la inhabilitación o el término del periodo del otro presidente, el legal pero ilegítimo; un jefe de gobierno o coordinador de resistencia civil sería, en cambio, un jefe político de la oposición, que podrá moderar y graduar su beligerancia y oposición de acuerdo con circunstancias y valoraciones políticas de conveniencia.

El tablero de ajedrez tiene, sin embargo, evidentes peligros al frente. El principal de todos es la urgente necesidad que tienen los poderes coaligados contra López Obrador de frenar y, de preferencia, aplastar, el reto y el peligro que para sus intereses significa la salida pacífica de los carriles de lo institucional y la conversión de un movimiento social de resistencia en un instrumento de no permitida innovación. Vicente Fox, como rostro formal de esos poderes institucionales, decidido a cumplir con el libreto de los rituales informativos, pregoneros y desfilantes del primero, el 15 y el 16 del mes en puerta. Y, para cumplir con ese ceremonial, Fox -es decir, quienes tras él deciden y manejan- está dispuesto a usar la joya de esa institucionalidad en entredicho: la fuerza pública como garante de un estado de derecho (impugnado).

Así como en su momento hubo voces (legítimas unas, inducidas otras) que pegaron el grito en el cielo porque a la imposición de un histórico fraude electoral nacional se respondió con un plantón capitalino de consecuencias viales, ahora habrá quienes se estremecerán porque un candidato presidencial en vías de ser declarado judicialmente derrotado llame a hacer a un lado la institucionalidad vigente y a construir nuevas instituciones conforme a mandatos polémicos como los que podría instaurar la convención del próximo 16 de septiembre.

El desconocimiento de las instituciones no proviene, sin embargo, solamente de las palabras pronunciadas ayer. El sistema político mexicano había entrado en crisis en 2000, y por ello una mayoría de votantes se manifestó a favor de una opción políticamente rijosa (Vicente Fox) que, sin embargo, no sólo no cambió y mejoró las instituciones impugnadas, sino que las consolidó en sus características más negativas. Las décadas de priísmo, más el trágico sexenio foxista, terminaron por arruinar el teatro de las instituciones, hasta llegar al momento cumbre del actual fraude electoral.

A partir de hoy, pues, el litigio electoral entra en una nueva fase largamente anunciada. El empecinamiento de los actuales ocupantes del poder en mantenerse en él a cualquier costa, frente a un movimiento que no arrea banderas sino que, al contrario, sube un escalón en la lucha y se plantea reformas y modificaciones sustanciales por una vía pacífica distinta a la electoral (claro, todo lo anterior a reserva de lo que los magistrados electorales vayan resolviendo en estos días históricos; decisiones que, según todos los indicios, acabarán convalidando el resultado impuesto desde antes de que comenzara el propio proceso electoral).

Astillas

Norberto Rivera es un político con sotana que ha apoyado invariablemente a los ocupantes del poder. En las elecciones de este año, el clero político trabajó activamente en favor de Felipe Calderón y contra López Obrador. El crónico entrometimiento de la elite eclesial en los asuntos partidistas y de gobierno ha hecho que en semanas anteriores se produjeran en la Catedral Metropolitana protestas que, siendo justas en su esencia, resultan contrarias al interés general del movimiento contra el fraude electoral. Tan contrarias que, ahora, Rivera se ha colocado como canonizable víctima de un "amigo"... ¡Hasta mañana (en esta columna que sigue esperando respuesta de Ciro Gómez Leyva al reto de veracidad periodística que aquí se le hizo la semana pasada) mientras en Chiapas cuatro partidos escriben La suerte del Mayor (en votos, aunque la diferencia sea chiquita) Sabines!